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Sin despreciar por supuesto las interacciones entre entes privados y públicos que se retroalimentan entre sí para multiplicar aquellas iniciativas, políticas y proyectos que tienen como beneficiarios directos a algunos de ellos y nada de beneficio social.
Carlos Chavarria
septiembre 6, 2018, 3:07 pm

El crecimiento de la población implica aumento en la demanda de bienes y servicios, la que solo se puede satisfacer con más inversiones públicas y privadas.

Para invertir se requiere capital humano y recursos financieros suficientes para que la oferta equipare a la demanda.

Los productos  centrales del sector público, del gobierno, son infraestructura, capital humano, y servicios que requiere la evolución del país y para que sean suficientes debe invertir.

El modelo para el desarrollo que se practica en la actualidad parte del supuesto de que el repago de las inversiones que debe hacer el sector público y para las cuales se endeuda el gobierno provendrá  de los excedentes económicos que  generarán todos los agentes sociales con actividad económica y de esos excedentes el gobierno recibe el retorno vía los impuestos.

Este modelo siempre conducirá a crisis recurrentes por las deudas en el sector público porque los beneficios de la mayoría de los proyectos de inversión nunca encuentran una vía para su monetización.

Algunos de los proyectos se asumen que tienen un carácter redistributivo y eso está muy bien justificado en aquellas zonas pauperizadas por la misma política para el desarrollo, pero no en las zonas urbanas. Aunque la cadena de incentivos perversos que se crean al subsidiar ineficiencias dan al traste con los propósitos primarios de solidaridad hacia los segmentos de población más “desfavorecidos”.

Pero es tan deficiente y subjetivo el análisis de costos-beneficios de los proyectos de gobierno. En el papel todo funciona, en la realidad son fondos perdidos. Hasta se ha hecho parte del vocabulario administrativo que el gobierno federal aporte a “fondo perdido” recursos para sacar adelante las ocurrencias de dos mil 500 alcaldes, 32 gobernadores y cientos de funcionarios federales.

En las organizaciones, tanto públicas como privadas, para las altas jerarquías se confunden el humo con las nubes debido a la enorme distancia entre los clientes o usuarios y los procesos que los atienden, y los mismos funcionarios a quienes sus cuadros de mando –con indicadores altamente agregados– todo siempre les aparece funcionando en óptimas condiciones.

Luego entonces se les presentan las epifanías que como verdades instantáneas los llevan a diseñar planes sustentados en diagnósticos que coincidan con sus ocurrencias –que siempre los encontrarán– y que otra vez arranque el ciclo de nuevos proyectos e inversiones sin rentabilidad.

Sin despreciar por supuesto las interacciones entre entes privados y públicos que se retroalimentan entre sí para multiplicar aquellas iniciativas, políticas y proyectos que tienen como beneficiarios directos a algunos de ellos y nada de beneficio social.