La Carpeta:
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Mientras la transparencia sea optativa y reservable de acuerdo a cada caso, es imposible pensar siquiera en reducir los niveles de corrupción.
Carlos Chavarria
noviembre 23, 2018, 6:07 am

Podrá ser un inepto para muchos temas de gobierno, como la economía, pero de que es bueno para la política y la grilla, ni dudarlo. Si la política es el arte de lo posible, López Obrador es su mejor representante.

Cuando ofrece  punto final y olvido para todos los actos de corrupción cometidos en el pasado y que fueron tan bien usados en su discurso de campaña, está tomando la opción de menor costo político para él.

 En el 2003 cuando México firmó su adhesión a la carta convención de la ONU contra la corrupción ocurrieron dos cosas. Empezó el gobierno de Fox a cumplir con todos los apartados de la carta de la ONU contra la corrupción.

Lo único que quedaba pendiente y que Peña no lo pudo negociar  fue la creación de fiscalías autonómas, y que al parecer no se cumplirá de entrada en la nueva administración. En fin.

Pero lo más sutil fue el modificar todas las leyes y reglamentos para que lo que la ONU califica como actos de corrupción ahora quedaran dentro de la ley, esto es, movieron la rayita de lo que es y lo que no es delito de cuello blanco.

¿Recuerdan a René Bejarano?, ¿al tesorero de AMLO en el DF?, ¿a los yates del funcionario de CFE?, además de todos aquellos casos de ostensible corrupción de acuerdo con el sentido común pero que al final resultaron absueltos.

Así es, las leyes se modificaron de tal manera que es casi imposible comprobar y adjudicar el delito de corrupción a casi cualquier funcionario, excepción de los de más bajo nivel, como aquel asunto de las placas durante el gobierno de Medina, proceso en el que pagó los platos rotos fue el empleado que destruyó las placas.

Debemos recordar que no existe delito si no se corresponde la acción u omisión con un tipo penal contenido en las leyes y por ahí empieza el asunto de las excusas absolutorias.

Asumamos la opción opuesta y que AMLO desate una gran cacería contra todo y todos los que se sospeche que participaron en actos de corrupción, eso sería muy congruente con su discurso  de campaña y el gran circo popular estaría  muy contento.

El problema se le vendría, ahora sí al presidente López Obrador, cuando tuviera que dejar ir a los indiciados porque  resultarían absueltos de todo cargo por ausencia de méritos. El costo que tendría que asimilar AMLO sería el de la complicidad con los gobiernos anteriores, cosa más que imposible y exacerbante.

Si lo presionan, claro que iniciaría carpetas de investigación pero ya el fracaso no lo cargaría él sino los que presionaron sin tener evidencias. Habría costos desde luego, pero mucho menores a tomarlo como su emblema de gobierno.

El llamado de AMLO sería muy a su estilo. Todos los que tengan evidencias de todo delito cometido por algún funcionario público, que las aporte, que se presente. Les garantizará inmunidad testimonial y gran circo, pero el proceso judicial exige evidencias probatorias.

Por supuesto que López Obrador luchará contra la corrupción, pero cuando sea políticamente rentable y sin riesgos de perder como parte acusadora que será.

¿Acabará con la corrupción? En tanto no se reviertan todas las trampas procesales  relativas al cohecho, peculado, fraude, enriquecimiento inexplicable, abuso de confianza, y todas las formas delictivas en las que participaría un funcionario público.

Mientras la transparencia sea optativa y reservable de acuerdo a cada caso, es imposible pensar siquiera en reducir los niveles de corrupción.

Cuando el sujeto controlado (el funcionario)  tenga autoridad sobre el proceso de control, no se estaría en la posibilidad de evidenciar los delitos de cuello blanco y toda su cadena de complicidades implícitas que incluyen por supuesto el recorrido del dinero.