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En materia de medios, la mayor crítica al IFE fue no ordenar la cadena nacional para el primer debate. Sostuve, y sostengo, que debió solicitarla ante la majadería de TV Azteca de dar prioridad al futbol, pero lo cierto es que ese evento puntual no impidió que al final la ciudadanía tuviera suficientes elementos de juicio para decidir su voto.
Staff
junio 28, 2012, 10:56 am

Ciro Murayama

Investigador de la Facultad de Economía
EL UNIVERSAL

En un contexto donde uno de los deportes públicos favoritos es la crítica a las instituciones y a todo lo que no marcha bien en el país, intentaré un balance a contracorriente de ese humor colectivo acerca de las reglas de las campañas ahora que han concluido y antes de conocer el desenlace de la votación del domingo.

Recordemos, para empezar, que estrenamos marco constitucional y legal de comunicación en una elección presidencial. La reforma de 2007-2008 fue blanco de ataques por la supuesta prohibición a la crítica entre candidatos, sobre cómo las normas inhibían el acercamiento ciudadano a la política y, en el extremo, sobre el fin de la libre expresión. Ello, porque se canceló la compra-venta de publicidad electoral en radio y televisión.

En los últimos meses hemos confirmado lo lejano de esos augurios. Todas las fuerzas políticas y candidatos han podido desplegar sus mensajes y hacer llegar sus diagnósticos y propuestas. Eso sí, a diferencia de 2006, la presencia de actores políticos en medios no dependió ni de la capacidad económica ni la caprichosa decisión de los consorcios. Por ley, los anuncios de partidos y coaliciones se distribuyó con una fórmula que otorgó 30% de presencia igualitaria y 70% restante a partir de la presencia que cada partido logró en el electorado en la elección federal previa.

La asimetría de la presencia en medios de 2006 se desterró con esa fórmula.

Asimismo, la crítica ha sido una constante en estos meses. El único valladar con que se toparon los estrategas de campañas fue el de incurrir en calumnia o denigración. Fuera de eso, ataques, críticas, señalamientos duros han sido lo común, como ocurre y debe ocurrir en toda contienda democrática.

Quienes se quejaron de que los ciudadanos no se podrían expresar en medios por no poder contratar publicidad —como si cualquier hijo de vecino tuviera cientos de miles de pesos para hacerse de anuncios en radio y TV—, hallaron que, quizá, esta haya sido la campaña con mayor incidencia de agendas ciudadanas en las definiciones de los candidatos sin que la ley lo inhibiera: desde los reclamos del #YoSoy132 a las comparecencias organizadas por Javier Sicilia con todos los candidatos.

Eso sí, como quiso la ley y como sucedió, al prohibir desde la Constitución la compra de anuncios por particulares y cancelar la publicidad gubernamental durante las campañas, esta vez ni el Consejo Coordinador Empresarial ni el gobierno federal —a través de propaganda— afectaron la competencia.

Hubo, en efecto, miles, millones de spots de los partidos: 82 día por cada canal de TV y estación de radio en el país. El defecto del modelo es el exceso de mensajes, su virtud es que no dependieron de relaciones mercantiles entre partidos y empresas de comunicación. Así, podría pensarse en disminuir el número de spots y abrir mayores espacios de debate entre candidatos, pero preservando el principio del nuevo modelo: presencia de actores políticos en medios sin dependencia del dinero. Ni un solo político se quejó de exclusión.

En materia de medios, la mayor crítica al IFE fue no ordenar la cadena nacional para el primer debate. Sostuve, y sostengo, que debió solicitarla ante la majadería de TV Azteca de dar prioridad al futbol, pero lo cierto es que ese evento puntual no impidió que al final la ciudadanía tuviera suficientes elementos de juicio para decidir su voto.

El diseño constitucional funcionó: hemos atestiguado campañas auténticas, protagonizadas por candidatos genuinos capaces de suscitar adhesiones y rechazo de millones de personas, sin censura estatal ni erradicación de algún actor por parte de poderes fácticos. las campañas cumplieron su cometido. Es la hora del ciudadano y es una hora buena.

// El Universal