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Staff
diciembre 3, 2018, 9:32 am

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al Presidente Concejal de Monte- rrey, Bernardo González Garza, por actos atribuibles al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad que maltrató y torturó a una mujer y a su padre en el Centro de la ciudad.

La titular del organismo, Sofía Velasco Becerra, señaló que los hechos fueron ejecutados a finales del 2017 en la colonia Centro donde policías municipales realizaron la detención de un señor y su hija, al ser ésta señalada por empleados de una tienda departamental de haber cometido ilícitos al interior del establecimiento.

Ambos fueron puestos a disposición del juez calificador en el Parque Alamey luego al CODE, pero en el recorrido de la detención y puesta a disposición, fueron víctimas de maltrato.

Un policía masculino sujetó a la mujer y con apoyo de un elemento más le hizo tocamientos.

De las acciones realizadas por los policías se determinó la intervención del personal del Centro Integral de Atención a Víctimas a fin de que analizarán el estado psicológico en que se encontraban padre e hija.

Del estudio se desprende que presentaron estrés postraumático que tiene como resultado dificultades para obtener el sueño, sentimientos de tristeza, y recuerdos dolorosos.

“Cabe destacar que la detención fue realizada por una oficial femenina de esa corporación pero ella no llevó a cabo la supervisión correcta pues permitió que personal masculino tuviera acceso a la detenida y ejerciera estas acciones basa das en la pertenencia al sexo femenino de la mujer víctima con facetas de menosprecio porque también fue agredida verbalmente hasta la agresión física y psicológica”, subrayó la defensora.

“Es de considerar que la violencia sexual por sí sola representa una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias, añadió.

Dijo que concluyeron que los policías municipales constituyeron actos de tortura y malos tratos, por lo que solicitan como medida de rehabilitación se proporcione tratamiento médico y el acompañamiento psicológico especializado que requieran las víctimas.

// El Porvenir