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La PGR y la procuraduría estatal conocieron del ataque en el momento y no actuaron // El crimen sólo pudo ocurrir por la penetración de la delincuencia organizada en estructuras de gobierno // Es probable que entre 23 y 28 alumnos hayan sido incinerados en Cocula.
Staff
noviembre 29, 2018, 9:48 am

Fotografía propiedad de La Jornada

Las autoridades federales y estatales fueron omisas para evitar el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014 en Iguala, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ayer planteó la posibilidad que entre 23 y 28 de los estudiantes desaparecidos pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, con lo que revivió parte de la versión oficial que apunta a que los 43 jóvenes habrían sido calcinados en ese lugar, publica hoy La Jornada.

En conferencia de prensa que se prolongó más de nueve horas, el ombudsman Luis Raúl González Pérez, acompañado por el equipo de la Oficina de la CNDH para el caso Iguala, entre ellos el titular, José Larrieta, presentó la recomendación 15VG/2018 derivada de los hechos contra los normalistas.

Fue una sesión insólita donde los funcionarios del organismo nacional delinearon, detalle a detalle, el contenido del documento dirigido a 16 autoridades de los tres órdenes de gobierno, principalmente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Es la primera ocasión que una recomendación de este nivel se dirige al titular del Ejecutivo federal. Ayotzinapa representa el punto de quiebre del sexenio de Peña Nieto. Es un caso abominable que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, así como del momento crítico que atraviesa en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, subrayó González Pérez.

Los otros destinatarios del documento, que consta de 128 recomendaciones específicas, son las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de la Función Pública y de Educación Pública; así como la Procuraduría General de la República; las comisiones Nacional de Seguridad y Ejecutiva de Atención a Víctimas; los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; la fiscalía general del estado y la Secretaría de Salud local; la mesa directiva del Congreso de Guerrero y los gobiernos municipales de Iguala y Cocula, así como el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo.

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