La Carpeta:
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A todas estas figuras que nos tienen en franca desventaja se debe agregar el efecto de la corrupción, una forma de corrupción que va más allá del robo de combustible, contratos amañados, aviadores, etc., la de la mala calidad en la obra pública.
Carlos Chavarria
enero 8, 2019, 10:27 am

En nuestro país existen mútiples ejemplos de formas muy finas de la corrupción, toleradas y hasta legales algunas de ellas, que también deben atacarse pues representan los mayores costos por este concepto. México está entrampado por un gobierno mal diseñado y acotado por un sinfín de regulaciones que prohijan la corrupción, el dispendio y el robo.

Una de las  trampas económicas para el desarrollo de México, que impide igualar el acceso a servicios públicos de calidad de todos los sectores socioeconómicos, no está en el lado social del gasto o redistributivo, sino en la forma en que operamos los gastos de  inversión en infraestructura y  el gasto de administración.

Según los datos de la OECD , nuestro país  tiene un gobierno de tamaño razonable, incluso pequeño, si se  compara el  prespuesto público con los 20 miembros  principales de esa organización y con los de Latinoamérica (LAC). El gasto público total de México (MX) para 2014 representó 24.4%del PIB, para LAC fue de 33.08% en promedio, y para el promedio de los 20 países más importantes de la OECD fue de 41.51%.

En cuanto a la inversión pública comopor ciento del PIB, los datos para MX, LAC, y la OECD son, respectivament,e 2.15, 2.55, y 3.21. La diferencia queda bien explicada si se comparan los ingresos públicos fiscales comopor ciento del PIB que fueron en 2014 16.5, 21.74 y 34.44 en el mismo orden.

En cuanto al grado de centralización, a diferencia de los EEUU por ejemplo, donde el gobierno federal se hace cargo del  18% de la inversión en infraestructura pública, en México esa figura es del 32%, pero nada comparado con el 56% de LAC.

En el tema de gasto en salud méxico se encuentra muy atrás de  los países miembros de la OECD. El gasto en salud por atención primaria en los sistemas públicos, medido per capita en dólares de poder adquisitivo comparable de 2017, para los países miembros de la  OECD fue de 370.0, México 161.8, Dinamarca 583.3, y Canadá 570.8. Cabe destacar que en México el sistema de salud pública cubre solo al 61% de la población, el promedio de la OECD es de 39.4%.

En 2014 el gasto público de México fue de solo el 27.9% del PIB, abajo del promedio de LAC (33%) y de la OECD (41.5%). En el mismo lapso solo el 9.3% del gasto se dirigió a beneficios sociales, muy por debajo del 24.6% del promedio de LAC.

A todas estas figuras que nos tienen en franca desventaja se debe  agregar el efecto de la corrupción, una forma de corrupción que va más allá del robo de combustible, contratos amañados, aviadores, etc., la de la mala calidad en la obra pública.

Aunque no existen estadísticas confiables para el tema de calidad de la obra pública, es muy evidente que  no hay una sola ciudad mexicana que no tenga problemas de degradación y obsolescencia anticipada de su infraestructura, el ejemplo más palpable son las redes viales.

El 73.4 % del rubro de infraestructura, tanto inversión como mantenimiento de la misma, es ejercido por los gobiernos estatales y municipales. Para darnos alguna idea del dispendio o robo, según se le quiera calificar a los trabajos mal hechos, tómese en consideración que el gobierno federal calcula que el gasto en mantenimiento de caminos y carreteras para el año de 2017 fue de 33,746 millones de pesos. Nada menos la administración de Monterrey declaró haber realizado un programa de bacheo que consumió 700 millones de pesos cuya vida útil fue de 1 año.

Si  se suman los costos consecuenciales de la mala calidad en las vías públicas, medidos en términos de accidentes, horas hombre perdidas, exceso en consumo de combustibles, contaminación, etc., las cifras se elevarán de forma exorbitante.

Las formas finas y “legales” de la corrupción serán las mas difíciles para desterrar, aquellas, que como la baja calidad, se subsuman en los costos de la operación corriente sin ser detectados y clasificados como corrupción.