La Carpeta:
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Muchas de esas demandas de amparo provienen del poder judicial; tradicionalmente, el mismo poder se ha podido adjudicar trato privilegiado en lo que a remuneración se refiere.
FELIX CORTES CAMARILLO
diciembre 6, 2018, 4:49 am

Y aquél que no le guste el fuste

                que lo tire y monte a raiz.

                Jorge Verdín (?) El General

Había anteayer, según el presidente López Obrador, 521 demandas de amparo en contra de su intención de bajarle el sueldo a los funcionarios públicos por debajo de lo que él percibe.  Según el Presidente, había quien ganaba —o gana todavía— 600 mil pesos mensuales, lo que constituye, esencialmente, un acto de corrupción intolerable, en un país de tanta pobreza. Afirmación que nadie puede objetar.

Muchas de esas demandas de amparo provienen del poder judicial; tradicionalmente, el mismo poder se ha podido adjudicar trato privilegiado en lo que a remuneración se refiere.

Jueces y magistrados de la Suprema Corte no solamente ganan buenos salarios, sino que también tienen otras prestaciones como personal a su servicio, vehículos, seguros, combustibles y otras prebendas que se debieran agregar a las percepciones totales, si no se hace, y que están en proceso de extinción. Prestaciones que otros poderes comparten.

El nuevo proyecto de ley de remuneraciones a servidores públicos, que pasará sin dificultad por el Legislativo, dejará el sueldo máximo en menos de 108 mil pesos al mes. Lo del Presidente, eso sin contar los otros beneficios. A todos los que vivimos, y somos la mayoría, de una remuneración que establece un patrón, ya sea del Estado o de la iniciativa privada, lo que queremos es que nos suban el sueldo, y no que nos lo disminuyan.

Un peso menos en nuestro ingreso, un peso menos con el que ya contábamos en nuestros presupuestos, es un peso que pesa mucho. Si la reducción es del 40 por ciento, eso cala. Es verdad que la disparidad de los salarios en el sector público mexicano puede llegar al escándalo excepcional de los 600 mil mensuales que mencionó el Presidente; no me consta, espero que a él sí. Suena razonable aplicar una poda en este árbol que se aproxime a la justicia.

Pero eso no se puede hacer a generalizados hachazos, sino con fino bisturí que vaya seleccionando prioridades, que no genere una indisposición en toda la población. De manera especial en la burocracia, que es una fuente de trabajo muy importante en todos los países.

En México, dice un reporte de Excélsior, de agosto pasado la burocracia del gobierno federal creció en un 30% para arañar la cifra de un millón seiscientos mil empleados; falta contar los estados y los municipios, que en este proyecto de austeridad también van a sufrir. El total se acerca a seis millones de mexicanos, según datos del Inegi. Que por cierto, también anda en peligro.

Muy en su estilo del mero-mero general de división que ya llegó, el Presidente emitió un mensaje radical: si no les gusta la reducción de sueldos, váyanse al sector privado, no crean que allá pagan tan bien como se dice. “Al que no le guste el fuste, que lo tire y monte a raiz”, dice la canción.

Si yo fuera empresario, daría la bienvenida entusiasta a la medida: el mercado laboral de gente capacitada, de manera especial en administración, sistemas, finanzas, economía, tecnología, comunicaciones y otras áreas, va a recibir una inyección de desempleados con experiencia y disposición, y que van a aceptar un salario menor al que el mercado tenía establecido. El gobierno lo abarató. Del otro lado, la administración entrante se está deshaciendo de personal de alto nivel capaz y experto en áreas estratégicas que para el gobierno de López son aparentemente prioritarias, como la energética, la economía, la salud y, sobre todo, la educación. No hay motivo de alegría.