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Es necesario y posible un gobierno de una nueva mayoría que sea capaz de enfrentar las dificultades de la economía internacional, el descrédito en la relación medios-poder, los niveles de violencia existentes
Staff
junio 11, 2012, 10:32 am
Manuel Camacho Solís
(Coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México)
EL UNIVERSAL

La posibilidad de que AMLO ganara esta elección no estaba en el radar de casi nadie. Se habían creído a pie juntillas que Enrique Peña ganaría con una ventaja de dos dígitos y que el PRI conseguiría una mayoría absoluta. Ahora se sabe, aunque no se diga, que Enrique Peña puede perder. Aunque todavía persisten temores respecto al tipo de gobierno que AMLO haría, las condiciones objetivas y la evolución del discurso del candidato del movimiento progresista están abriendo la posibilidad de la reconciliación nacional: de unir a una nueva mayoría reformista en torno a pactos que aseguren la gobernabilidad, el crecimiento, la pacificación y la inclusión social. Hoy es posible un gobierno progresista de unidad nacional.

El debate mostró el alto nivel de confrontación política que existe en nuestro país. Ya existía. Viene de años atrás, como producto de una visión corta donde quien gana la elección, en vez de convocar al acuerdo, utiliza el poder con criterios estrictamente electoreros, publicitarios, facciosos o incluso patrimonialistas. También, donde quien está en la oposición, termina por no tener más horizonte que el de debilitar a quien está al frente del gobierno. Para salir de ese círculo vicioso no hay más que dos caminos: forzar una mayoría o alcanzarla mediante el acuerdo.

Enrique Peña intentó el camino de imponerla. Lo creía posible. En eso ha cifrado su propaganda. Esa ha sido su escuela, su práctica —autoritaria y patrimonialista— de gobierno. Sin embargo, la elección ha tenido un giro: la sociedad se ha puesto en movimiento. La emergencia de nuevos actores y el descrédito de los arreglos del poder están a la luz de la opinión nacional e internacional.

La elección ha polarizado la política. Han terminado por agruparse de un lado, los defensores del statu quo; y del otro, quienes empujan el cambio. Si en el siglo XIX los liberales decían que el triunfo de la reacción era imposible, hoy podemos decir que sin cambios verdaderos no hay futuro ni gobernabilidad posible. México ya no es gobernable sobre la base de la complicidad, el faccionalismo y la exclusión.

Es necesario y posible un gobierno de una nueva mayoría que sea capaz de enfrentar las dificultades de la economía internacional, el descrédito en la relación medios-poder, los niveles de violencia existentes. Son impostergables cambios institucionales y de orientación en la acción del gobierno.

La agenda la está imponiendo la necesidad. Para pacificar, se necesita retejer el sistema federal, definir nuevas formas de coordinación federal, incluir con determinación el componente social y abrirles puertas a los jóvenes. Para sortear los posibles shocks de la economía internacional y crecer, se necesita mantener la disciplina macro, pero impulsar al mismo tiempo la expansión del mercado interno, con mayor financiamiento, salarios, inversión en infraestructura y freno a las prácticas monopólicas. Para sostener el desarrollo y avanzar en la equidad, se necesita reformar la educación e impulsar la innovación y el cambio tecnológico. Para reconstruir la autoridad del Estado es necesario un mejor diseño institucional, una relación saneada con los medios, un compromiso de todos con el Estado de derecho y poner un alto a la corrupción, la impunidad y la complicidad.

Para todo ello hará falta abrir una vía franca y eficaz para arribar a acuerdos serios y duraderos, donde se levante la mira y se meta al gobierno y la política un componente de mayor generosidad y responsabilidad. Es necesaria la reconciliación nacional. El Ejecutivo, el Congreso, los gobernadores y la sociedad deben ser parte de ella, dentro de un proceso de construcción de pactos, a partir de la necesidad de atender lo más urgente. El proceso no debería esperar a diciembre. Debería iniciarse después de la elección. Habrá que convenir la ruta y el método, con un cuidadoso manejo de los tiempos: qué antes de la inauguración del nuevo gobierno, qué durante los primeros cien días y con qué válvulas de salida a tres años.