La Carpeta:
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Si fue una boda fifí o no fue fifí, qué importa. Si contrataron a Los Ángeles Azules, qué importa, si existió menú de filete, escamoles y langosta, qué importa, si hubo 9 mil rosas blancas, qué importa. ¿Se pago con dinero público? Pues no, ¿entonces? ¿Hay desvío de recursos?
Jose Jaime Ruiz
octubre 2, 2018, 6:22 am

¿Alguien tiene evidencia de que el dinero gastado en la boda de César Yáñez y Dulce María Silva viene del erario o de Morena? No hay ni habrá tal prueba. Alejandro Junco de la Vega, dueño de Reforma, calificó la boda como boda fifí, queriéndose sacar la espina del adjetivo que le endilgó Andrés Manuel López Obrador.

Si fue una boda fifí o no fue fifí, qué importa. Si contrataron a Los Ángeles Azules, qué importa, si existió menú de filete, escamoles y langosta, qué importa, si hubo 9 mil rosas blancas, qué importa. ¿Se pago con dinero público? Pues no, ¿entonces? ¿Hay desvío de recursos?

Gran diferencia entre boda y celebración como mitin. La de César y Dulce María no fue un mitin. Ellos invitaron a los que les dio la gana y quien fuera invitado y no quiso ir, sus razones tendrá. La boda no fue una convocatoria a la nueva clase política morenista. Muy diferente, por ejemplo, a las celebraciones de los cumpleaños de Diego Fernández donde asisten periodistas de renombre, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Carlos Slim y otros de los integrantes de la mafia del poder, como lo publicó Regeneración en su momento.

La boda de César y Dulce María no fue un acto político, aunque muchos lo quisieran ver así, no puede ser un acto de “austeridad republicana” porque fue un acto privado con atención pública, por el personaje y por algunos de sus invitados. ¿Y si Andrés Manuel López Obrador no hubiera asistido? Pues a la boda no se le daría la importancia que se le ha dado. Andrés Manuel, un hombre que transita por el país con austeridad, puede asistir a ceremonias privadas como cualquiera de nosotros. Digo más: asistió como amigo y no como presidente electo.

Dennis F. Thompson (La ética política y el ejercicio de los cargos públicos. Gedisa Editorial) reflexiona:

- La vida privada de los funcionarios debe estar, por cierto, más expuesta que la de los ciudadanos comunes, pero la razón de tal diferencia no se ha examinado lo suficiente.

- El problema de la intimidad surge, para el funcionario, cuando decide divulgar algo sobre sí mismo y ante quién hacerlo.

- La vida privada consiste en aquellas actividades que se conocen, observan o en las que se interviene sólo con el consentimiento de la persona.

- Los ciudadanos tienen derecho a controlar la información acerca de sí mismos.

- El respeto por la intimidad de cada uno tiene sentido únicamente dentro de una teoría que suponga, al menos prima facie, la prioridad de la vida privada sobre las exigencias de la vida pública.

- Dado que los funcionarios son también ciudadanos, el supuesto implica, naturalmente, que las vidas privadas de ciudadanos y funcionarios deben respetarse por igual, y cabe denominarlo principio de intimidad uniforme.

- Pero también hay buenas razones para garantizar menos intimidad a los funcionarios. Esas razones dan origen al principio de reducción de la intimidad.

- El problema estriba, pues, en descubrir la clase de consideraciones que permita que el segundo principio prevalezca sobre el primero; en otras palabras, cuándo debe someterse a escrutinio público la vida privada de un funcionario.

Dennis F. Thompson deshace el entuerto: César Yáñez ni siquiera es funcionario público, lo será, pero no lo es. ¿Boda fifí? ¿Y qué?