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Staff
octubre 31, 2018, 6:32 am

De cara a una sana transformación de Nuevo León, integrantes del Consejo Cívico aseguraron que la entidad necesita que el Poder Judicial reenfoque sus prioridades y dé resultados, dijo Jesús Herrera Casso y Sandrine Molinard, de esta organización.

Así es que como sociedad civil organizada, se dijo que es evidente que el Poder Judicial del Estado tiene prioridades equivocadas de cara a los retos que implica reducir de forma drástica la impunidad en Nuevo León, en donde deberían estar concentrados todos sus esfuerzos y gastos.

“Esta preocupación viene luego de los recientes cuestionamientos realizados en diversos medios de comunicación locales al Poder Judicial de Nuevo León, en torno al otorgamiento de gratificaciones millonarias a 5 ex-empleados que renunciaron de manera voluntaria”.

“Aparente nepotismo en los nombramientos que se realizan en el seno de esta institución”.

“Compras de vehículos de lujo para los magistrados y otorgamiento de bonos de gasolina con montos exorbitantes, por lo que consideramos que para el Consejo de la Judicatura, el Presidente de este órgano, y todos sus empleados, la prioridad debe ser que Nuevo León salga de la posición 17 de 32 estados de la República, con un grado de impunidad muy alto dentro del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2018 de la UDLAPD”.

Dicho ello este sano desarrollo todo lo anterior refleja los serios problemas existentes en el estado con respecto a los sistemas de procuración de seguridad e impartición de justicia. Por ejemplo, IGI-MEX 2018 reporta que en Nuevo León sólo existen 2.5 magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes, mientras la media nacional es de 3.5, lo que representa una insuficiencia y por ende un mayor grado de impunidad.

“Asimismo, el porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas es de 18.9% frente al 27.5% de media nacional”.

“Por otra parte, el porcentaje de encarcelados por robo entre robos en averiguaciones previas iniciadas es muy bajo, es decir, del total de robos en averiguaciones iniciadas solo el 8.8% son encarcelados por este delito, una cifra muy baja, pero no muy alejada de la media nacional, la cual es del 10.3%”.

“Un aspecto de gran importancia y que es el que permite que exista un alto grado de impunidad en el estado de Nuevo León es la insuficiencia de personal en los tribunales y cárceles, y esto afecta negativamente al sistema de seguridad y de justicia del estado antes que la ineficiencia o un mal desempeño de los jueces y magistrados”.

Y es que desde la ciudadanía organizada hacemos un llamado al Poder Judicial a que ajuste sus prioridades, porque no consideramos que destinar montos millonarios para indemnizar a empleados que renuncian de manera voluntaria, el uso excesivo de combustibles o arrendamiento de vehículos de lujo o blindados, abone a tener mayor efectividad o eficiencia para abatir la impunidad.

“Exhortamos también a que se busque ser un órgano transparente, que se establezcan metas ambiciosas en base a estos índices o estudios elaborados por terceros confiables, con el fin de que se vean claramente las mejoras y los logros de este órgano, de cara a una reducción sensible de la impunidad en nuestro estado”.

DEMANDAN LEYES INTEGRAS Y SÓLIDAS

Dentro de esta visión pro activa por un mejor Nuevo León, líderes intermedios cuestionaron el que en la pasada Legislatura dejó un rezago importante en la agenda de reformas legales para fortalecer el combate a la corrupción.

Así es que y en cuestión, que desde las campañas electorales, un nutrido grupo de organismos civiles, empresariales y académicos, propusieron a los candidatos a diputados una Agenda Anticorrupción, que pone énfasis en atender este rezago. De allí que en junio, 16 legisladores locales firmaron los  Compromisos por un Nuevo León Sin Corrupción, que los compromete para legislar en la materia antes de terminar este primer periodo.

“Por lo anterior, integrantes de la Coalición Anticorrupción sometieron a consideración de la actual Legislatura, una propuesta de Ley de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3) y de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, para que sean turnadas a las Comisiones correspondientes y se empiece su análisis lo antes posible”.

“Si bien la Ley 3de3 fue aprobada a nivel nacional en 2016 como parte de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en Nuevo León no se ha votado una Ley estatal que permita homologar criterios con la federación. Además, la Coalición Anticorrupción está proponiendo innovaciones para fortalecer a las autoridades encargadas de su implementación y aplicación”.

Dicho ello demandan la homologación de la Ley de Responsabilidades Administrativas o Ley 3de3 donde se establece claramente las obligaciones de los servidores públicos.

Se pide se identifica los hechos de corrupción e impone sanciones para servidores públicos y particulares que hayan participado.

Y define los procesos para un juicio en materia de hechos de corrupción y quiénes son las autoridades que deben de actuar.

Además de que fortalece los mecanismos de integridad en las empresas para generar corresponsabilidad en la lucha anticorrupción.

“Las propuestas de la Coalición prevén sanciones severas para funcionarios y particulares; como la inhabilitación de empresas para participar en licitaciones o su disolución en casos graves de corrupción; así como la reparación del daño. Propone también que si un funcionario comete un acto irregular, sus superiores jerárquicos inmediatos tengan también una responsabilidad por estos éstos. Así también, propone que particulares que incurran en hechos irregulares sean sancionados administrativamente”.

“En cuanto a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nuevo León, se propone que se homologue con la Ley General válida a nivel nacional. La Coalición además integra avances como la obligación de la Auditoría estatal de fiscalizar y actuar inmediatamente al detectar irregularidades o faltas administrativas graves, sin necesitar autorización del Congreso estatal. Además de la obligación de utilizar formatos abiertos en informes y dictámenes de la Auditoría”.

Dijeron los líderes que La Ley de Fiscalización tiene como objetivo:”Fortalecer a la auditoría, otorgándole mayor autonomía. Recordando que este órgano es responsable de fiscalizar cómo se gasta el dinero público”.

“Establecer que los dictámenes de la Auditoría sean definitivos y no requieran aprobación del Congreso”.

“Y otorgar a la Auditoría la capacidad y la obligación para revisar situaciones irregulares durante el ejercicio fiscal en curso. Poner una denuncia o iniciar una investigación por indicios de corrupción”.

Además de que los integrantes de la Coalición Anticorrupción llamaron al Congreso de Nuevo León a abrir la discusión de estas leyes cuanto antes, realizando mesas de trabajo públicas, invitando a la sociedad civil a participar y buscando que Nuevo León vaya más allá en el combate a la corrupción que lo que se logró a nivel nacional.

Es de subrayar que esta Coalición Anticorrupción, conformada por: CAINTRA, Ciudadanos Contra la Corrupción, Evolución Mexicana, Federación de Colegios Profesionales de Nuevo León, Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, Coparmex, Canaco, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Así como Universidad Regiomontana (U-Erre), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), universidad Metropolitana de Monterrey (UMM), Vertebración Social y ciudadanos a título personal: Margarita Ríos Farjat, Jesús Cantú y Javier Navarro.

// El Porvenir