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Los primeros días de la cuarta república mexicana apuntan a una crisis del federalismo frente a las intenciones del presidente López por un proyecto centralista y autoritario a través de los superdelegados enviados a las 32 entidades del país, con particular incidencia en los asuntos de la seguridad y de la inseguridad de los ciudadanos.
FELIX CORTES CAMARILLO
diciembre 5, 2018, 8:13 am

Los primeros días de la cuarta república mexicana apuntan a una crisis del federalismo frente a las intenciones del presidente López por un proyecto centralista y autoritario a través de los superdelegados enviados a las 32 entidades del país, con particular incidencia en los asuntos de la seguridad y de la inseguridad de los ciudadanos.

Ayer, el organismo que agrupa a los gobernadores había de reunirse con el Presidente, salvo que su circunstancia familiar momentánea se lo impidiese, y se presumía que el asunto sería tema de discusión o de negociación. Haya sido ayer o mañana, el tema es fundamental.

En la intención original, los superdelegados del Presidente estaban pensados como válvulas de control para determinar los fondos que el gobierno central envía a los estados para los programas de asistencia social. La resistencia de algunos, como Enrique Alfaro, en Jalisco, y Javier Corral, en Chihuahua, el acomodo del gobernador de Puebla, que ya va de salida, y la docilidad del llamado Bronco en Nuevo León, tuvieron como consecuencia una moderación dejando a los virreyes en el papel de intercesores para los asuntos de seguridad. De todas formas, el proyecto federal se muestra frágil al comenzar la nueva administración, con proyecto centralista.

Mal comienza la Semana Santa para el que crucifican el lunes, decía mi abuela.

Es obvio que la firme determinación del presidente López no tiene visos de modificarse; dicen los que lo conocen que no suele ceder. Pero los tiempos son otros. Sí se necesita una comisión de la verdad para que el politizado tema de los 43 de Ayotzinapa se archive en la memoria colectiva. Que se aclare y se persiga a quien haya que perseguir.

Los jóvenes normalistas no están desaparecidos, están muertos y calcinados, y solamente los padrotes de la política han utilizado el torpe manejo del asunto por parte del gobierno federal para llevar agua a su molino, con el eslogan más falso que un billete de diez pesos de que vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso.

La presidencia de López Obrador comenzó hace cuatro meses. Contrario a la tradición política de nuestro país, el presidente Peña abandonó los trastos del poder desde la noche del primero de julio, y el Presidente entrante se hizo cargo de ellos de inmediato.

Eso no es ni bueno ni malo, son circunstancias y modos personales. Eventualmente, son producto de negociaciones y acuerdos. Pero López Obrador hizo mención a un necesario punto final.

Prolongar la crispación social que estamos viviendo y que se tradujo en la votación que lo llevó al poder sería un ejercicio de sadomasoquismo que nuestro país ya no se puede permitir. Someterse al centralismo que aniquile la estructura federal y debilite sus mandos municipales, estatales, locales sería un retroceso histórico igualmente condenable.

El Presidente tiene la obligación, como le dijo la ciclista del día primero, de no fallarle a los mexicanos. La sociedad civil tiene la obligación de no dejarle que falle.