El Senador de MC por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda propuso la eliminación de los secretos bancario y fiscal. Con reformas a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y al Código Fiscal de la Federación el Ministerio Público tendría acceso a pruebas, como cuentas bancarias o fiscales, en investigaciones contra presidentes, gobernadores y demás funcionarios.

García Sepúlveda, presentó este martes en dos iniciativas para eliminar “los secretos de la impunidad”, los cuales han sido excusas en el país que imposibilitan el castigo a la corrupción. La propuesta reformaría el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pondrían punto final a los secretos tanto bancario y fiscal en las investigaciones a funcionarios públicos. Estas reformas abrirían la puerta para que las Fiscalías Estatales puedan sancionar a exfuncionarios que hayan cometido actos de corrupción durante sus mandatos.

“Las fiscalías locales, por ejemplo, la de Nuevo León, ha querido meter a la cárcel a corruptos, pero no puede porque la Comisión Nacional Bancaria no les quiere dar las cuentas bancarias de exgobernadores, o porque el SAT no le quiera dar la declaración fiscal, anual o provisional de alcaldes o gobernadores. No es posible que hace un mes quisimos meter a un gobernador a la cárcel y la Suprema Corte, alegando que se pidieron cuentas bancarias sin orden judicial, lo dejaron libre, como también van a dejar libre a Duarte o Borge, por no obtener las pruebas de manera legal”.

Otra muestra de ello es el caso “Panama Papers” protegido por el secreto fiscal y del cual se desprende un robo al país de 500 mil millones en impuestos.

“Queremos ayudarle al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a que vaya por todos los corruptos y se regrese lo robado, pero para ello requerimos modificar dos leyes que hoy dejan impunes a los corruptos. Por un lado, que el ministerio público actualmente no puede pedir las cuentas bancarias para determinar todo el dinero que llegó y que no es legítimo, y por otro lado el secreto fiscal donde los ministerios públicos no pueden pedir las facturas, declaraciones anuales y provisionales, declaraciones de terceros y retenciones”.

“Por ejemplo esto nos ayudaría a que expresidentes que saquearon la CFE, como dice el presidente Andrés Manuel que Calderón lo hizo, podamos encontrar si cobró o no por el desfalco, si gobernantes que tienen departamentos en playas o en Houston, o en cualquier lugar de Texas, determinar si se hizo con dinero bien habido”.

Actualmente existe un círculo vicioso, debido a que el ministerio público para acceder a las cuentas bancarias o fiscales ocupa una orden judicial del juez penal, pero su autorización requiere pruebas mínimas a las cuales no puede obtener en delitos como fraude, lavado de dinero, cohecho, peculado, entre otros.