Hace algunos años ya, la reconocida actuaria María de las Heras realizó una encuesta de tipo político electoral y en la misma incluyo una pregunta que refleja lo problemático de moverse en temas donde se tocan los límites entre la ley, la norma, y la ética o la moral.
La pregunta en cuestión consistió en: ¿Entre un gobierno que mantiene el orden, pero no siempre actúa dentro de la legalidad, y un gobierno muy apegado a las leyes pero que no mantiene el orden, con cuál se quedaría usted? La respuesta era abrumadora, en el 74% de los encuestados preferían al primero.
El mismo reactivo tocaba diferentes temas de la gobernanza y en todos los casos cuando se trataba de resolver cuestiones limítrofes entre ética y derecho en relación a un asunto que implicaba costos sociales, la sociedad se inclinaba por la comodidad inmediata aun sacrificando el derecho y la moral.
El PRI de antes, el tan vilipendiado PRI, sabía moverse en estos temas y abusando de ello fueron moviendo las fronteras entre derecho y moralidad para que muchos asuntos del todo antiéticos o inmorales, se calificaran como tales, pero no como hechos punibles desde la óptica jurídica.
Esta fue la forma en que el viejo PRI mantuvo la apariencia de “normalidad” en temas como la seguridad, la economía, educación, etc., la situación ahora es que todo el andamiaje jurídico, de procesos y prácticas de gobierno están sobre cargados de inmoralidad.
El presidente López Obrador siempre encontrara un tema para cada día donde se encuentran problemas limítrofes de los antes aludidos, los emolumentos de los magistrados de la Suprema Corte y funcionarios en general, las prácticas de contratación en el sector público, la mala asignación de recursos públicos para un sin fin de agentes sociales y económicos, como las guarderías o las empresas que proporcionan medicinas al sector salud. Todos los procesos y las malas prácticas en el sector público se ajustan a la ley, pero son inmorales de origen.
El presidente sabe esto, pero está capitalizando su aparente lucha contra la corrupción, pero nadie pisara la cárcel porque todo fue legal. Ahora bien, el presidente no ha dicho que rediseñara el sistema de gobierno para acabar de en la raíz con las malas prácticas, no lo ha hecho porque él está partiendo también de la mala práctica de excesos en el poder.
El presidente está tratando de justificar el volver a centralizar en su figura y la del secretario de hacienda el control de los dineros, pero sin modificar los procesos que bien se sabe están podridos.
La ciencia económica ha estudiado con gran cuidado el tema de los precios sombra y la economía informal y está más que probado que luchar contra la corrupción sin combatir las malas prácticas en un nuevo modelo de gobierno lo único que ocasionara es una redistribución de costos y beneficios a todo lo largo y ancho de la sociedad.
El ejemplo más simple es el de las guarderías. Ahora los subsidios serán aplicados en directo a los beneficiarios y de seguro lo harán con su tarjeta del bienestar, pero es más que seguro que las cuotas de las estancias infantiles aumentaran formalizando la corrupción como un costo real a los usuarios de las mismas.
Ocurrirá así porque la mayor parte de la corrupción y desvío no estaba en las propias estancias sino en el aparato y procesos distributivos de los tres niveles de gobierno y esos procesos para nada se tocarán.
Este fenómeno se repetirá en todos los asuntos de tipo limítrofe y será debido a la ausencia de análisis en la estrategia de cómo transitar de un modelo informal o corrupto a otro formal y sobre la mesa.
Ya se verá bien pronto como las presiones de costos elevaran los precios de la energía en todas sus formas al querer volver a centralizar en el gobierno toda la capacidad de producción y distribución de la misma con el pretexto de contratos inmorales, en lugar de proponer un modelo energético nacional innovador y una estrategia de tránsito que se sostenga en nuevos procesos gubernamentales.
