Haber dejado a las leyes del libre mercado la administración y explotación del espacio urbano “moderno” sin dotar a los municipios de algún mecanismo fiscal que les permitiera corregir las enormes distorsiones e impactos diversos en la calidad de vida urbana ocasionados por el “dejar hacer” a la rentabilidad privada ha causado una terrible involución en las ventajas originarias de la actividad en conglomerados metropolitanos.
Lo que ocurre en la movilidad en todas sus formas, personas, mercancías, energía, e información, y en todos sus modos, privados o públicos no es sino la punta del iceberg de una inútil administración del desarrollo del espacio urbano, quizás la única área de la actividad donde es más que justa y necesaria la intervención reguladora del gobierno.
Haber expandido sin ton ni son la metrópoli bajo el criterio de ciudades dormitorio y también haber permitido sin límite alguno los cambios de uso de suelo en lo ya impactado, nos ha dejado con una ciudad que es poco a poco consumida por sus rendimientos decrecientes en términos económicos y de calidad de vida.
El transporte público y en auto son el ejemplo más común de la ineptitud del sistema regulatorio de los gobiernos. De suyo y en las mejores condiciones cada año el rendimiento de viajes-persona por BTU, hora-vehículo, y kilómetro de vía son cada vez menores. Los costos sociales implicados por el del aumento del tiempo de viaje son terribles en términos de estrés y contaminación urbanas.
Ante la crisis de la movilidad la gran ocurrencia de las autoridades es centrar el problema en las tarifas del transporte público y el cobro de derechos aplicables a la movilidad pero sin tocar para nada el modelo de desarrollo de la ciudad y las posibles estrategias para revertir el deterioro así como transitar a otro modelo sostenible en el largo plazo que por fuerza debe basarse en una cadena de incentivos para reordenar la actividad en el espacio urbano buscando metas muy concretas de productividad en el corto plazo encadenadas hacia una visión de ciudad.
Los pasivos contingentes de la ciudad son enormes. Haber abandonado el mantenimiento de toda la infraestructura de propiedad pública y privada, pero de uso colectivo supera los métodos de trabajo actuales de una forma de gobierno anacrónica y beligerante ante una circunstancia que exige más ciencia y técnica que politiquería barata.
Solo a manera de ejemplo. El sistema de transporte colectivo actual, metro y autobuses requiere para su actualización y/o reposición del orden de 900 millones de dólares para el metro y de 1,200 para el sistema de autobuses, así como de una inyección anual para su mantenimiento equivalente al 10% de su valor de reposición.
El problema no es de tarifas. Ambos sistemas demandan una tarifa de supervivencia y una tarifa social para aquellos sectores más débiles, pero nada de eso será solución si no se revierte el deterioro del rendimiento y se plantea un nuevo modelo de evolución para la ciudad.
