El Estado mexicano, a través del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública por la desaparición forzada de José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroníz en Tierra Blanca y aceptó la responsabilidad de policías estatales involucrados en los crímenes de lesa humanidad.
“El día de hoy, de manera pública acepto la responsabilidad estatal por la conducta ilegal llevada a cabo el 11 de enero de 2016 por autoridades del gobierno de Veracruz y que ocasionó la desaparición, tortura y ejecución de los jóvenes, violando sus derechos a la integridad y vida, y a sus familias los derechos a la verdad, integridad y seguridad jurídica”, dijo Cuitláhuac García al disculparse con las familias.
“Por eso les ofrezco una disculpa por el actuar de la policía, por la detención arbitraria. Les ofrezco una disculpa porque incumplieron la ley y sin motivo se los llevaron y entregaron a miembros del crimen organizado. Una disculpa por el sufrimiento que vivieron sus hijos porque no regresaron a su casa. Una disculpa por la impunidad, por las veces que se intentó criminalizar a sus hijos y se les señaló falsamente”.
“Bernardo, José, Susana, José Alfredo y Mario Arturo eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron.”
El Gobernador se comprometió a llevar a cabo procesos adecuados que aseguren las condenas efectivas por desaparición forzada y delincuencia organizada. Dijo que los responsables deben pagar las consecuencias legales y las instituciones debe realizar las transformaciones que corresponda. “Esta disculpa es un paso más, pero sin duda, no es el último”.
Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arroníz aseguró: “Si hubiera justicia, nuestros jóvenes estuvieran presentes. No creo en la justicia del Estado mexicano. Las familias de las personas desaparecidas decimos ni perdón ni olvido, exigimos que se juzguen a los culpables porque a 3 años no tenemos ningún sentenciado”.
“Queremos que sepan que nuestros hijos son muy amados, que eran inocentes y que nunca los olvidaremos. Señor Gobernador, esperamos que su gobierno diga la verdad porque de no hacerlo corre el riesgo de volverse un cómplice. Tienen que condenar a las 21 personas detenidas”
Por su parte, Carmen Garibo, mamá de Susana dijo: “Nuestros hijos no hicieron nada malo, mi hija era buena persona, alegre y estudiosa y no estaba en malos pasos como quisieron decir. A ella le gustaba mucho salir con sus amigos, era rebelde como todos los muchachos de su edad, no hay día que no la piense. Susana y sus amigos eran inocentes, no merecían lo que les hicieron”.
José Benítez, padre de José Benítez de la O exigió al gobierno finalizar el caso: “Honrar a nuestros hijos es muy difícil porque se reabre la herida que traemos, pero estaré satisfecho cuando se castigue a las personas responsables. Han sido 1158 días con el mismo pesar”.
En su intervención, Alejandro Encinas señaló que la disculpa pública “es muestra del reconocimiento de la gravedad de los hechos y de recordar a jóvenes inocentes. Sabemos que la disculpa no es suficiente, pero es un primer paso de reconocer la responsabilidad y castigar a los culpables del delito”.
“Tenemos que transformar a nuestro país para que no ocurran más violaciones a derechos humanos. Asumo con una profunda responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance para la justicia y garantía de no repetición. Nos comprometemos a acompañar las investigaciones que se encuentren pendientes y procurar justicias a las familias”
La disculpa del gobierno es una de las medidas de reparación recomendadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2017, así como del dictamen de Opinión Técnica emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero sobre todo a la lucha de las familias para tener justicia.
Los hechos
El 11 enero de 2016, Susana, Mario Arturo, José Alfredo, José y Bernardo regresaban de pasar un fin de semana en el puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, cuando fueron detenidos de manera ilegal por policías estatales en Tierra Blanca, en la zona conocida como La Cuenca del Papaloapan.
De acuerdo con la información de los expedientes, después de ser detenidos, fueron entregados a integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes les habrían torturado y traslado al Rancho “El Limón” dónde habrían sido privados de la vida. Posteriormente, habrían incinerado los cuerpos y arrojados a un río cercano.
Actualmente se encuentran detenidos ocho policías y 13 personas acusadas de formar parte del grupo delictivo responsable, pero sin ninguna condena.
Foto propiedad de: @CentroProdh
