Las personas víctimas de desplazamiento forzado que se mantienen en plantón afuera de Palacio Nacional hace más de un mes acusaron al Gobierno federal de condicionar su ayuda al retiro de la protesta y su regreso a Guerrero.
En conferencia de prensa, Crescencio Pacheco, víctima de desplazamiento aseguró que los funcionarios públicos con los que se han reunido, les dijeron que si querían ayuda humanitaria, seguridad y entrar en los programas federales, se fueran de Palacio Nacional.
“Félix Santana [director General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos] y Neftalí Granados [ambos de la Secretaría de Gobernación] nos dijeron que si queremos la ayuda levantemos el plantón y nos vayamos a Guerrero. En caso contrario, dijeron que nos podemos quedar el tiempo que sea aquí sin ayuda”.
Ante ello, exigieron nuevamente una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque “la gente de Encinas no tiene la capacidad para atender nuestro problema: seguridad, reubicación y condiciones para retornar a nuestras comunidades”.
Van dos ocasiones que la Secretaría de Gobernación cancela reuniones con ellos para resolver el problema, “¿cuánto tiempo más vamos a estar aquí? El gobierno tiene la responsabilidad y capacidad para resolvernos. No han cumplido su palabra”.
En su intervención, Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y representante de las familias desplazadas, dijo que a 33 días de plantón el gobierno federal “no ha tenido la sensibilidad de recibir a una comisión” para escuchar sus demandas.
“Al ver que no hay un plan sobre nosotros, hicimos una propuesta de atención e iniciar mesas de trabajo con las autoridades, sin embargo, hasta hoy no existe iniciativa del gobierno para resolver la crisis humanitaria en la que viven todas estas familias”.
Las víctimas de desplazamiento exigen que mientras el gobierno resuelve el problema, se les otorgue vivienda digna para cada familia, despensa alimenticia y seguridad donde los establezcan por parte del Ejército o la Policía Federal.
Pero “tampoco aceptan estas medidas, es decir, no tienen un plan de solución al desplazamiento y no quieren ayudarnos con condiciones para vivir de manera segura en algún otro lugar mientras resuelven la situación”, explicó Olivares.
Solicitaron la interlocución de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, de la Segob; y de Alfonso Durazo, secretario nacional de Seguridad y Protección Ciudadana. Y responsabilizan a los gobiernos federal y estatal de las consecuencias “por falta de voluntad política y omisión” para la resolución del desplazamiento.
Las personas desplazadas se instalaron en plantón frente a Palacio Nacional el 17 de febrero pasado para exigir solución a la crisis de violencia que enfrentan sus comunidades. Desde principios de noviembre de 2018, indígenas de la comunidad Tlaltempanapa, del municipio de Zitlala, y de ocho comunidades del municipio de Leonardo Bravo, se vieron obligados a dejar sus hogares.
Foto propiedad de: Moisés Pablo / Cuartoscuro
