El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer un señalamiento al periódico Reforma: lo acusó de haber ayudado al proceso de desafuero de 2005 y al fraude electoral perpetrado en la elección presidencial del 2006.

Durante la conferencia de prensa matutina, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, reiteró al mandatario la respuesta de Reforma: que ningún periodista puede revelar sus fuentes porque es un ataque a la libertad de expresión.

El diario de circulación nacional fijó esta posición luego de que López Obrador emplazara al diario a revelar quién le filtró el borrador de la carta dirigida a Felipe VI.

“Yo creo que, garantizando la libertad de expresión sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente, cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal, que protegió a Salinas, que protegió a Zedillo y a todos, incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero, porque es un partido… sí es un partido… es un periódico conservador”

Descarta problemas si no hay revelación de fuentes

Durante el intercambio de ideas entre el periodista y el presidente, Jorge Ramos -sin ofrecer nombres o lugares donde ha ocurrido- lanzó que algunos comunicadores han ido a prisión por proteger a sus fuentes.

En ese sentido, López Obrador indicó que solicitó a Reforma dar a conocer sus fuentes como parte de su ejercicio al derecho a la réplica.

“Si no quieren revelar las fuentes, no hay ningún problema, pero yo tengo el derecho de manifestarse también, ¿no?”

El pasado miércoles, el titular del Ejecutivo señaló que sería de ayuda si el diario revelara quién le filtró el borrador de la carta enviada.

¿Qué dice la ley?

El artículo 3 de la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal de 2014 indica que:

“El periodista y el colaborador periodístico tienen el derecho de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información. Este derecho no podrá ser limitado, salvo por decisión judicial, de manera excepcional y siempre que su limitación se justifique de acuerdo a los instrumentos de derechos humanos internacionalmente reconocidos, a los que las autoridades se encuentran obligadas de acuerdo al artículo 1º constitucional”.

Foto propiedad de: Galo Cañas / Cuartoscuro

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