Por Carlos Chavarría.
A estas tempranas alturas de la nueva administración ya nadie puede decirse engañando, el presidente López Obrador busca en muy corto plazo devolverle a la figura presidencial los poderes absolutos, que por encima de la Constitución y no inscritos en sus facultades, tuvieron todos los presidentes del llamado “viejo PRI”.
Dígalo si no el hecho de pensar que la figura presidencial puede estar por encima de todo y de todos, cuando envía un “memorándum” a su personal de educación y de gobernación para que deje de aplicar todos los lineamientos emanados de una reforma constitucional en el tema educativo.
En la época del viejo PRI, aunque existía la división de poderes sólo era una cuestión formal, porque siendo tantos los poderes de facto que ejercía la presidencia, era muy sencillo “negociar” todos los temas, y desde Los Pinos se dictaba el ritmo de la vida política y económica del país entero.
Reyes Heroles abrió los espacios para que las minorías de oposición maquillara el presidencialismo y a lo largo de 40 años de muy difícil trabajo y con la ayuda de los mismos errores que cometía el régimen se fue modelando el peso del poder legislativo y el judicial por sobre el ejecutivo, para llegar al estado de cosas actual.
Si bien es cierto que la democracia, la división de poderes y el debate político no son el emblema de la eficiencia, todos los presidentes a partir de Zedillo han aceptado han aceptado una más abierta participación de la sociedad y las fracciones políticas en muchas de las decisiones aun a pesar del aparente debilitamiento de la acción ejecutiva.
Así las cosas, López Obrador no acepta someterse en los hechos a cualquier crítica o sugerencia que contravenga los dictados de su régimen y hasta ha implementado procesos políticos, como las falsas consultas públicas, para sostener sus decisiones a pesar de los enormes costos conferidos.
Usando las imperfecciones tangenciales y espacios de interpretación ahora ya poco se concursa con transparencia, pretende modificar las numéricas de los votos en los órganos autónomos y hasta en la corte suprema, y él y solo él y su equipo de cercanos, tratan de inventar una nueva realidad.
Su proyecto político no está en duda, convertir al partido de su propiedad, MORENA en uno de tipo hegemónico que le garantice mayorías en todos los estados y municipios a la vieja usanza para alcanzar lo que nada más él sabe y que no quiere revelar.
Su proyecto económico posee los mismos rasgos de la vieja época del desarrollo estabilizador con un gobierno que controla toda la economía, de ahí sus absurdas intenciones de que la energía del país vuelva a depender de PEMEX y CFE, a pesar de las probadas evidencias de la podredumbre histórica del gobierno como empresario.
Hubo una época en que nuestro gobierno manejo de todo, desde los bancos, autos y bicicletas, y hasta la comida, con los resultados que nuestra historia y la del mundo en general registro con precisión, descomposición de la economía y del poder público mismo.
Por supuesto que el régimen de entonces tenía “empresarios predilectos y favoritos” que más se enriquecían en tanto el régimen mostraba su incapacidad para mantener una realidad insostenible.
AMLO debe aclarar para qué desea tener más poder en su firma de presidente, porque no lo ha dicho con claridad. Luchar contra la corrupción es el lugar discursivo más común y socorrido en el mundo para promoverla, eso no es un proyecto económico.
Los consejeros de diferentes corrientes que todo le festejan al señor presidente y que en nada lo ayudan para guardar siquiera las apariencias de legalidad deberían estar más que preocupados porque tarde o temprano el Presidente López Obrador se percatará de que en realidad con sus loas lo están dejando en errores que no tienen justificación.
