Por Efrén Vázquez Esquivel.
En la ingeniería constitucional hay diferentes sistemas para procesar y juzgar a los altos funcionarios del gobierno, entre ellos al presidente de la república; por eso a mí no me parece fuera de lugar que se piense en incrementar el número de ministros de la SCJN, para crear una Sala especializada en delitos de corrupción.
Lo que me parece inconveniente es que esta propuesta no sea parte de un proyecto integral de reformas del Poder Judicial, en la que el punto de partida sea la profesionalización de la función de juzgar, es decir, la actividad que realizan los jueces, magistrados y ministros.
Nadie, que carezca de “formación” de juez, debería habilitársele por medio de la ley como juez; pero para eso hace falta que se cree la Escuela Nacional de la Judicatura en la que los futuros jueces, después de haberse graduado de licenciados en derecho adquieran su formación teórica y práctica como tales durante unos dos o tres años, ya que como dice el juez español Jesús Villegas, autor del libro “El Poder amordazado”, “ser juez no es fácil”.
Ello en razón de que, para dictar sentencias imparciales apegadas a la legalidad y la justicia, se requiere no solo conocer el derecho sino saberlo aplicar correctamente. Y esto no lo puede hacer cualquier persona que posea, el día en que se le otorgue la función de juzgar, solamente un título profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de cinco años, para ser juez, y diez para ser magistrado, que es lo que exige la Constitución.
Triste el panorama de la justicia en México, ya que las escuelas de derecho solo forman abogados, no jueces. Por eso es urgente la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, en la que también podrían formarse los futuros fiscales y abogados del gobierno, pues se trata de profesiones jurídicas distintas; pero de crearse (idea que ni siquiera existe en la cabeza de los actores políticos y sociales, menos en los agentes del gobierno), lo recomendable sería que estuviera fuera del alcance del Poder Judicial, para ponerla a salvo del nepotismo que ahí se derrama por todos lados.
Sobre la profesión de juez, dice el autor citado: “Limpiar la mente de afectos y desafectos es una tarea complicadísima, hay que conocer cientos de normas, saberlas aplicar, comprender los intrincados problemas legales que se plantean día a día. Pero eso no es lo peor. La auténtica pesadilla es el temor a caer en la arbitrariedad; a dejarse arrastrar por los propios prejuicios. Cuando un ciudadano pide justicia, ¿cómo estar seguro de que se toma la decisión más recta? Me atormenta la idea de sucumbir a mis preferencias personales, a mi ideología política, mis creencias religiosas o simplemente mis manías, mis demonios más íntimos, que nada importan a quienes buscan equidad. Cuando empecé en este oficio, lo que más me preocupaba era ignorar la ley. Ahora, en cambio, lo que me inquieta es ser injusto, no saber mantenerla neutralidad que exige la responsabilidad que asumí el día de mi juramento”.
No es exagerado lo que dice Jesús Villegas, es esta la idea de juez que traje de un seminario sobre corrupción judicial en España, efectuado en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. En una de las asignaturas de este seminario, impartida por Roberto Bergalli, analizamos un estudio de campo en el que se demuestra que el principal temor de los jueces españoles es perder el honor.
Desde entonces he estado soñando en un México en el que, el principal temor de nuestros jueces, sea perder el honor; pero, volvemos a lo mismo, para eso se necesita que los jueces mexicanos tengan una verdadera formación de jueces, para lo cual se necesita que la carrera judicial sea de verdad. Es decir, que esta comience con el acceso a una institución de altos estudios en la judicatura, a la que se acceda por medio de oposición pública (no con el acceso al Poder Judicial por medio de una buena recomendación), para que después, bajo este mismo procedimiento se acceda al Poder Judicial; hoy día, lo que en México recibe el nombre de carrera judicial no es sino un sistema escalafonario.
Para concluir, volvamos a la propuesta de reforma de Monreal. En su contra se argumenta que no es necesaria dicha Sala, porque ya existe el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); y porque lo que busca AMLO es acabar con la independencia del Poder Judicial, nombrando a personas a fines a su proyecto político.
Si el principal reto que enfrentamos es el de la corrupción, ¿cómo no va a ser necesario juzgadores especializados en este tipo de delitos, siendo que, además, el SNA es un elefante blanco. Y respecto al temor a que el Poder Judicial pierda su independencia, ¡Por favor!, ¿cuándo ha sido independiente?
¿Cuándo el nombramiento de juzgadores no se ha determinado por factores políticos?
El más honesto, en este sentido, fue Lázaro Cárdenas, quien al ver que la SCJN echaba a bajo con sus resoluciones la reforma agraria calificó a los ministros de enemigos de la revolución y propuso que los integrantes del alto tribunal de la nación permanecieran en su cargo solo seis años.
Nunca hemos tenido un poder judicial autónomo, con funcionarios judiciales dotados de una sólida formación hermenéutica (disciplina que se ocupa del fenómeno de la comprensión y la correcta interpretación de textos) y deontológica (disciplina fundada en la ética y la moral que se refiere al deber ser de una determinada profesión) indispensable en la función de juzgar. Esta es la única manera de poder contar con buenos jueces y un Poder Judicial autónomo.
