El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil redujo la sentencia al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 12 años y un mes a ocho años y 10 meses, lo que abre la posibilidad de que el político salga de prisión en septiembre próximo.
La resolución fue adoptada por unanimidad de la Quinta Sala del STJ, en respuesta a un recurso de la defensa de Lula en relación con el caso de un presunto soborno mediante la entrega de un departamento triplex en Guarujá, Sao Paulo, a cambio de contratos con la petrolera estatal Petrobras.
El relator de la Operación Lava Jato en el STJ, ministro Félix Fischer, votó por mantener la condena, pero a favor de reducir la sentencia, así como la multa que debe pagar el exmandatario, que pasó de mil 440 a 875 veces el salario mínimo vigente en la época en que ocurrió la falta, informó la Agencia Brasil de noticias.
Asimismo, los magistrados redujeron también el valor de los daños que deben ser reparados por el exmandatario, de 16 millones de reales (unos 4.08 millones de dólares) a 2.4 millones (unos 611 mil dólares).
Tras el fallo, Lula, de 73 años, podría pedir prisión domiciliaria o un régimen semiabierto a partir de septiembre próximo, cuando cumpla una sexta parte de su condena, aunque aún tiene pendientes otros procesos judiciales en espera de sentencia.
Los ministros rechazaron una veintena de puntos planteados por la defensa de Lula, que buscaba la anulación completa de la condena, en particular sobre la presunta parcialidad del exjuez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, así como acusaciones de actuación abusiva de los fiscales de la investigación Lava Jato.
También cuestionaron la competencia de la justicia de Paraná para juzgar el caso y denunciaron irregularidades en la recabación de pruebas, así como contradicciones en la sentencia, que se habría basado en la palabra de un delator, según los abogados.
En febrero pasado, Lula fue condenado a prisión en segunda instancia, acusado de recibir un apartamento triplex en el Guarujá de la Construtora OAS, a cambio de contratos en la petrolera estatal Petrobras.
El exmandatario permanece recluido desde abril del año pasado en la prisión de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, lo que le impidió postularse en las elecciones de 2018, en lo que sus partidarios consideran una persecución política.
