Será hasta el viernes, cuando la Juez de Control de Monterrey, resuelva la situación legal de los cinco elementos de Fuerza Civil y la Dirección General de Investigaciones, implicados en la muerte de un joven que fue arrojado desde el piso 16 del edificio Semillero II en el centro de la ciudad.

Durante las indagatorias, trascendió que los acusados despojaron de 45 mil pesos, al presunto vendedor de droga que radicaba en el departamento donde fue lazado el joven fallecido. La investigación se realiza contra seis implicados, pero uno de ellos se encuentra prófugo de la justicia.

Los ahora detenidos fueron identificados como César Daniel S. G. y Carlos Alberto C. V., quienes pertenecen a Fuerza Civil. Mientras que el resto de los acusados fueron identificados como Salvador P. S., Álvaro Israel P. H., y Carlos E. S, quienes forman parte de la Dirección General de Investigaciones (DGI).

Desde la noche del pasado martes, los cinco implicados, fueron imputados por los delitos de robo, Chantaje, abuso de autoridad, uso de documento falso y allanamiento de morada. Dentro de la diligencia, no se incluyó el delito de homicidio, pero se informó que la Fiscalía acusará posteriormente.

La Juez de Control que llevaba este caso informó que a la dependencia investigadora le falta reunir indicios y pruebas contra los servidores públicos. La audiencia de imputación se realizó a puerta cerrada, a petición de la defensa particular de los acusados, en la Sexta Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey.

Fue el pasado domingo, cuando los policías de Fuerza Civil irrumpieron sin autorización judicial en el departamento para extorsionar con 45 mil pesos al propietario. Presuntamente, en este sitio se vendía droga al menudeo, y los implicados, están relacionados con un grupo de la Delincuencia Organizada.

Durante los hechos murió un hombre identificado como Fortunato Esquivel Gaytán, de 27 años, presunto narcomenudista que estaba también en el lugar.

La audiencia se programó para el viernes a las 14:00 horas, cuando decidirá si vincula o no a proceso a los imputados. La jueza ordenó mantener detenidos a los policías en las celdas de la Policía Regia en La Alamey.

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