Por Carlos Chavarría.
Por racionalización al absurdo, será necesario que entre las declaraciones que deben exigirse a los funcionarios públicos antes de que tomen protesta en sus cargos es la que incluya las relaciones amistosas y vínculos de todo tipo, que deberán abarcar a las de sus vecinos pasados, actuales y futuros, tanto del aspirante, como de sus padres, hermanos, esposa, pareja, primos de segundo y tercer grado y toda su red de vínculos habida y por haber.
Pero aun así el sospechosismo no se acabaría. Tan simple que es el llevar un registro abierto de los precios unitarios de todos los productos y servicios que consumen las entidades de gobierno, que además permitiera interactuar a los ciudadanos interesados en ofrecer precios menores a los que se estén adquiriendo en cualquier momento, y así nos evitaríamos juicios equivocados acerca de lo compadres y amigos de los presidentes.
“A mí no me dé compadre, a mi póngame donde hay”. Tan sencillo que es poner en un portal diseñado para el efecto de mostrar las cantidades que de cada insumo habrá de consumir el gobierno y las fechas de cuando se requiere el abasto. Mas simple es exigir a todos los fabricantes de dichos insumos en el país e invitar a los del extranjero, para que postulen sus ofertas bajo la intención y composición más simple de compra, sean o no compadres.
Cada vez que el presidente habla de su lucha contra la corrupción y se avienta sus memorándums ejecutivos al estilo Trump siempre concluimos en lo mismo, nadie quiere atacar las malas prácticas, los procesos viciados diseñados para robar; compadres o sin compadres de por medio; los procedimientos de abasto en el gobierno están llenos de cómodos agujeros y ambigüedades para que gane el que quiera el funcionario, pero de eso nadie habla nunca, menos los que más se pronuncia por acabar con la corrupción.
México firmó desde el 2004 el protocolo de la ONU contra la corrupción en el cual se incluyen las 14 situaciones más comunes en todo el mundo para las desviaciones y los robos de cuello blanco y además se enuncian las mejores prácticas para abatir este flagelo, pero nada se ha cumplido. Eso sí, se han promulgado muchas leyes contra la corrupción, pero ni a los presidentes les interesó cumplirlas.
En virtud de que la corrupción es un crimen planeado y organizado, los perpetradores cuidan todos los detalles y se aseguran de parecer que cumplen con las leyes. Cumplen con todos los procedimientos y requisitos y hasta en algunos casos todo lo hacen con apretura al público y la presencia de las contralorías de todo tipo.
¿Por qué es tan difícil atrapar a los corruptos? Es simple, todo el andamiaje de procesos fue diseñado para robar sin aparecer como culpable. Ningún funcionario público con poder de decisión quiere entrarle al tema de los detalles, de las malas prácticas, de lo fino.
Bien que el presidente López Obrador propone atacar en sus discursos a la corrupción como el enemigo principal de México, pero también se ha cuidado de mantenerse en el terreno de lo axiomático, de los genérico, con ello evita el compromiso de rediseño del aparato de gobierno en sus procesos porque eso le impediría realizar muchos de sus proyectos e iniciativas, por la mínima razón de falta de transparencia.