Por José Jaime Ruiz.
El paro del transporte público en el Área Metropolitana de Monterrey no es sólo un acto de chantaje, también es un acto ilegal y, llevando las cosas al extremo, de “delincuencia organizada”. Los transportistas secuestraron la movilidad de Monterrey e incumplen con la Ley del Transporte al dejar de proporcionar una movilidad sustentable. Perversos, hicieron su paro en las horas donde la ciudad requiere de mayor movilidad.
Los transportistas de Monterrey han colapsado buena parte de la ciudad y, voraces, no los importó el ejercicio legítimo de la ciudadanía de trasladarse. ¿Cuántos empleados de oficinas llegaron tarde a sus labores? ¿Cuántos obreros a las industrias? ¿Cuántos estudiantes a sus escuelas? ¿Cómo sufrió la sociedad de servicios como Oxxo, Seven 7, HEB, Soriana, etcétera? ¿Cuánto le costó a la productividad de Nuevo León el paro?
Paralizar la movilidad de una sociedad no es asunto menor. ¿Están de acuerdo los empresarios de Monterrey con los empresarios del transporte? ¿Están de acuerdo las universidades que se les conculque su oferta de conocimiento y educación por culpa de quienes quieren mantener sus privilegios económicos y que los ciudadanos carguen con los costos?
En el fondo los ciudadanos, a través del Poder Ejecutivo estatal, son los verdaderos dueños de la movilidad pública. Entendamos que se habla de concesión, de permisos. Como se menciona en la Ley del Transporte: “La concesión es el acto administrativo por medio del cual el Titular del Poder Ejecutivo, de manera directa o a través de la Agencia según lo determina ésta Ley, confiere a una persona física o moral la condición y poder jurídico para ejercer obligaciones y derechos en la explotación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en el Estado y/o de la infraestructura especializada asociada al mismo.
“Las concesiones que para prestar el servicio público de transporte otorgue la Agencia, no crean derechos reales y conceden exclusivamente a sus titulares en forma temporal y condicionada el derecho al uso, aprovechamiento y explotación del servicio de acuerdo con la normatividad aplicable”.
Ciertos concesionarios y permisionarios del transporte público incumplieron con la ley a la que están obligados. Quieren mantener su ritmo de vida privilegiado y cargarle a los ciudadanos los costos. Unos costos que atentan no sólo contra la economía sino también contra el derecho a la movilidad ciudadana.
¿Cómo quedarían las tarifas según una propuesta divulgada por Milenio? Una propuesta, obvio, de robo al usuario.
Los concesionarios se quejan de que ya no es rentable la concesión. Que la dejen, ya habrá otros que quieren meterse al negocio. Un negocio tan redituable que los concesionarios no se atreverán a dejarlo. El transporte de Monterrey es de interés público. Secuestrar la movilidad de la ciudad raya en la delincuencia al pasar por alto la Ley del Transporte. ¿Y las autoridades que protestaron cumplir y hacer cumplir la ley? Como el chinito…
@ruizjosejaime
