El Consejo Cívico lamentó esta semana que en el Congreso del Estado los diputados hayan descartado propuestas ciudadanas para la Ley de Responsabilidades.
Por lo que el organismo que dirige Sandrine Molinard lamentó que desde la pasada Legislatura, la Coalición Anticorrupción ha presentado iniciativas a las Leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Al haberse obtenido pocos resultados y aprovechando la coyuntura electoral del 2018, se promovió la Agenda #NLsinCorrupción con los candidatos a diputaciones, para que se comprometieran a aprobar las leyes secundarias al SEA dentro de un calendario preestablecido y siguiendo mejores prácticas.
“Reconocemos el esfuerzo de la actual Legislatura por trabajar en conjunto con la sociedad civil organizada. Tan es así, que algunas propuestas de la Coalición Anticorrupción fueron admitidas e incluidas por el PAN en la Ley de Responsabilidades Administrativas, como la inhabilitación de particulares vinculados con hechos de corrupción para ser servidores públicos. Sin embargo, varias de nuestras propuestas, que tienen como objetivo permitir un combate integral a la corrupción y mejorar varios aspectos de la ley federal, fueron descartadas por los diputados sin una justificación jurídica clara”.
“Lamentamos que la Ley de Responsabilidades Administrativas votada este miércoles en el Congreso, haya excluido propuestas ciudadanas”.
3) Inclusión del concepto de “EXPERIENCIA RELEVANTE” para garantizar que los particulares que participen en contrataciones públicas acrediten su capacidad para proporcionar los servicios o bienes requeridos. Esto evitaría precisamente que empresas “fantasma” o con actividades distintas a las que se está contratando, puedan participar en licitaciones o contratos públicos. Si la intención de los diputados realmente estuviera encaminada al combate a la corrupción, no se entendería el rechazo a este concepto.
Bajo esta visión dijeron que es grave en este sentido, es que la nueva ley obliga a particulares contratados por cualquier ente público, o que sean concesionarios o permisionarios de un servicio público, a presentar su declaración 3 de 3, como si fueran servidores públicos.
“Seguimos de cerca el trabajo de las comisiones y la discusión en pleno. Reconocemos que los diputados han avanzado en un compromiso firmado en campaña con la ciudadanía, aunque con casi un año de retraso. Sin embargo, el contenido de la reforma queda a deber, y no nos queda más que constatar que a pesar de que Nuevo León tiene una Constitución innovadora y de vanguardia en materia anticorrupción, los diputados optaron por una Ley de Responsabilidades Administrativas que es insuficiente en el combate a la corrupción y la impunidad, y que resguarda intereses gremiales”, comentó.
