Tras conocerse el aumento de tarifas al transporte público sin autorización del gobierno estatal, el Senador Víctor Fuentes Solís presentó una denuncia penal por el delito de fraude en contra de los concesionarios que actuaron contra el resolutivo del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad que la semana pasada rechazó el alza de tarifas.

Fuentes Solís, informó que medios de comunicación dieron a conocer el aumento de 3 pesos en las rutas 104 Real De Palmas; 161 Real de Palmas-Clínica 6; y 90 Villas de Alcalá, mientras que los ramales Marín-Zuazua y Marín-Dr. González, ambas de la Ruta 104; y los ramales Pesquería y Zacatecas, de la Ruta 111, aumentaron de 12 a 14 pesos la tarifa, así como en las rutas 111, 160, 51, 138, 400, 155.

El legislador federal explicó que las empresas concesionarias de tales rutas están aprovechándose de la confusión y desinformación sobre el resolutivo del Consejo de Transporte de la semana pasada en el sentido de no aumentar las tarifas, por lo que al lucrar indebidamente se configura el delito de fraude.

Por su parte, Rocío Montalvo, representante de la organización Únete Pueblo, dijo que el aumento de tarifas es ilegal y que los usuarios tienen la ley de su lado. “Confiamos en que la Fiscalía proceda contra los empresarios abusivos y que las autoridades del estado nos den protección a los usuarios”.

El abogado penalista Mauricio Castillo detalló que el artículo 385 del Código Penal para el estado de Nuevo León señala que “comete el delito de fraude, quien engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halle, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido”, por lo que en este caso se configura perfectamente.

Lo anterior, dijo, independientemente del incumplimiento a la Ley del Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, según la cual los transportistas denunciados podrían hacerse acreedores a la revocación de sus concesiones conforme al artículo 84 de dicho ordenamiento.

Fuentes Solís añadió que siendo omisas las autoridades, el Gobierno del Estado, por no proceder con la revocación de concesiones; y la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, por no imponer las medidas de seguridad para proteger el usuario, cometen abuso de autoridad en perjuicio de la economía de la entidad y de la población.

La denuncia penal solicita sea asignado un agente del Ministerio Público y se inicie una carpeta de investigación para evitar que se cometan o se sigan cometiendo ilícitos contra los usuarios del transporte y que se proceda apegado a Derecho hasta el perfecto esclarecimiento de los hechos, así como la probable responsabilidad de quien resulte responsable.

También se le pide a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León que se dicten las medidas cautelares que sean necesarias para salvaguardar la economía de los usuarios del transporte, y por lo pronto cesen los daños y perjuicios que se están ocasionando o se ocasionen con el aumento.

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