La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, concluyó este martes su primer juicio oral y público en la que se le acusó de defraudación en perjuicio del Estado y lavado de dinero, así como de beneficiar al empresario Lázaro Báez. El juicio se reanudará el próximo lunes.
Fernández de Kirchner llegó a la sede del Tribunal antes de las 12:00 horas, tiempo local, junto a su abogado Carlos Beraldi e ingresó por una puerta lateral, sin hacer declaraciones a la prensa, sólo realizó un breve saludo con la mano a quienes la esperaban.
A las 13:20 horas, Cristina Kirchner escuchó la acusación que la llevó por primera vez al banquillo por corrupción. Se le imputó asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con funcionarios, entre los que estarían Néstor Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Santiago Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, y el empresario Lázaro Antonio Báez, a quien otorgó 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz.
A la senadora se le atribuye que “mientras se desempeñó como Presidenta, de (entre 2007 y 2015) continuó con la dirección, ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción en la obra pública vial que venía desarrollándose desde la presidencia de Néstor Kirchner, posibilitando que en forma constante se continuarán sustrayendo fondos públicos mediante la maniobra de defraudación al Estado Nacional”.
Como jefa de Estado, se dijo que dirigió y controló el modo en el que se desarrollaba dicho sistema, utilizando la burocracia estatal —que se encontraba a su cargo— a los fines de que a través de sus distintos estamentos los funcionarios que dependían funcional y jerárquicamente de ella realizaran las conductas necesarias con el objetivo de garantizar el éxito por el que se defraudaría al Estado.”
En otra lectura de la acusación se indicó que con el objetivo de “canalizar una enorme cantidad de fondos públicos hacia la mencionada jurisdicción, utilizó abusivamente los distintos mecanismos de financiamiento a su alcance para de ese modo nutrir de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad, para que desde allí los fondos fluyeran hacia las empresas de su socio”.
Casi al final se leyó que su responsabilidad incluye la “intervención criminal en la maniobra de defraudación al Estado a través de la obra pública vial, en la que participó al haber mantenido la estructura de funcionarios montada para garantizar su éxito, al haber empleado distintos mecanismos de financiamiento para que Báez fuera el único contratista de obra pública”.
El objetivo, según la acusación, fue que una “porción de ese dinero fuera a favor de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a través de distintas maniobras de lavado de dinero en el sector hotelero en los que se investigó en las causas a Hotesur y Los Sauces”, reportó la agencia Télam.
