La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias de racionalidad del gasto público sin comprometer los programas de servicios para la atención de la salud.
El presidente de este organismo, Luis Raúl González Pérez, advirtió lo anterior en el marco del Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, organizado por la CNDH y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
Advirtió que para esta comisión hay campos en que la asignación de recursos públicos no puede depender solo de cálculos presupuestales o decisiones administrativas de carácter programático, como los servicios de salud pública.
Esto se debe a que, en este sector, la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado implica la diferencia entre la salud o la enfermedad, y en casos urgentes entre la vida o la muerte de las personas.
“No hay economía, ahorro o medida de austeridad que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente”.
La pobreza, el hambre, la corrupción y la vulneración sistemática de los derechos humanos son obstáculos al desarrollo sostenible, planteó, y no pueden permitirse si se desea alcanzar un nivel de vida digno para todas las personas.
Lo anterior cobra importancia si se considera que a nivel mundial hay más de 780 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, y en México hasta 2016 había 53.4 millones de personas en situación de pobreza y 9 millones más en pobreza extrema.
Además, recordó que 40.6 por ciento de la población mexicana presenta al menos tres carencias sociales, siendo la seguridad social la más recurrente, con 80.1 por ciento.
Por ello, destacó la importancia de incorporar una perspectiva de derechos humanos en la materialización del Plan Nacional de Desarrollo, y en la agenda pública de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, “para que nadie se quede atrás”.
