Huawei reforzó su demanda contra Estados Unidos al presentar una moción de juicio sumario con el objetivo de acelerar el proceso que los enfrenta en la impugnación de la constitucionalidad de la ley que prohíbe a las agencias gubernamentales y sus contratistas la tecnología de la empresa china.
En la sede del gigante chino de telecomunicaciones en Shenzhen (sureste de China), el directivo legal, Song Liuping, dio a conocer en rueda de prensa que la moción fue presentada en un tribunal de distrito en Texas, donde Huawei tiene su oficina central estadounidense.
Song dijo que el objetivo de la moción de juicio sumario es acelerar sus acciones legales contra Estados Unidos, ya que dicho mecanismo permite que un juez decida sin un juicio en su totalidad, de acuerdo con reportes de la prensa local.
Acusó a Estados Unidos de utilizar todas las herramientas a su alcance para sacar a Huawei del negocio mundial de tecnología, bajo la acusación de espionaje para el gobierno chino y representar una amenaza para su seguridad nacional, de lo que -aseguró- no ha ofrecido ninguna prueba.
Huawei pidió asimismo que se anule parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, en específico la que prohíbe a las agencias de gobierno comprar sus productos y los del otro chino ZTE, al considerar que viola la Constitución de Estados Unidos.
El representante legal indicó que la única intención de la administración del presidente Donald Trump es poner a Huawei fuera de servicio, e insistió en que debe detener “sus acciones ilegales”.
El gobierno estadounidense emprendió una campaña global contra Huawei, en la que además de instar al mundo a retirar sus equipos, hace dos semanas incluyó a la compañía china en una lista de firmas que considera socavan la seguridad nacional y les prohíbe recibir componentes y software a menos que el comercio tenga licencia.
Dicha prohibición obligó a proveedores como Google a cortar los lazos con Huawei, considerada la telefónica más grande del mundo que compite con Apple y Samsung.
La compañía china presentó su demanda en marzo pasado ante los tribunales de Estados Unidos contra la ley que prohíbe a las instituciones de ese país comprarle equipo y productos, al considerarla constitucional.
