Por Félix Cortés Camarillo.
Sería totalmente imbécil menospreciar el atentado terrorista, en un paquete entregado en las instalaciones del Senado y a las manos de la senadora Citlali Hernández disfrazado como un libro. La modalidad de los paquetes explosivos, que yo recuerde, no tenía antecedente en nuestro país. El primero de esos artilugios explotó en 1829 arrancándole una mano a su destinatario, la autoridad en Galicia. Fue sin embargo el siglo pasado cuando tuvieron cierto auge con la intensificación de las actividades terroristas, ora israelíes, ora palestinas, ora de los Euzkadis, casi siempre en Europa, ocasionalmente en Sudamérica. Una modalidad de perversidad más refinada llevó a enviar en lugar de explosivos polvos mortales o infecciosos. Pero México se había mantenido al margen de la moda.
No importa que el explosivo que causó heridas leves a la senadora morenista haya sido primitivo: la primera carta explosiva no tenía más que pólvora y vidrio molido. Desde luego que el efecto buscado no era matar a la legisladora sino salir en los medios y provocar reacciones radicales.
Cosa que ha logrado. Dentro del ambiente de crispación social que sigue vigente desde las elecciones del año pasado hasta el día de hoy, las redes sociales han recogido posturas extremas de un radicalismo amparado desde luego en el anonimato de los twitters y los facebookes. Diríase que los menos radicales claman por el asesinato del presidente López, lo cual es gravísimo. Otros piden un pogrom para exterminar a todos sus seguidores. La totalidad de estas posturas abunda en insultos soeces y actitudes de intolerancia vista cada vez con más frecuencia.
Tampoco debe confortarnos la negativa del presidente López a tomar medidas especiales de protección a su persona, precisamente cuando estamos mirando en Netflix el documental sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio hace un cuarto de siglo. El ciudadano Andrés Manuel López Obrador tiene la ineludible obligación de proteger la vida del presidente de México.
Es obvio que los mexicanos no nos chupamos el dedo con aquello de que el que nada debe nada teme y que al presidente lo protege el pueblo. De la misma manera en que el terrorista no avisa previamente de sus atentados, sus potenciales víctimas no deben publicar las medidas preventivas que están tomando. Sería ingenuo y desde luego que debe haber protocolos que protejan al presidente de México. De cualquier manera, el hecho es preocupante.
Y ¿si se tratara de un atentado fingido por las propias víctimas a fin de modificar la actitud de la población hacia el gobierno? Y ¿si se trató de una provocación que obligue al gobierno a una mano más dura –los twitteros violentos evocan a Díaz Ordaz– que meta a los violentos en cintura?
Sería igualmente zafio. A nadie beneficia la catalización de las posturas extremas, especialmente cuando propagan el uso criminal de la fuerza.
Lo único que se antoja es que, desde la más alta esfera del poder descienda un espíritu real de conciliación poniendo fin a las descalificaciones verbales que dividen a los mexicanos entre los buenos míos y los malos del otro lado.
