El comisionado del INAI, Joel Salas Suárez se pronunció por una Ley de Protección de Denunciantes en el sector privado y en el público, para garantizar que quienes informen sobre posibles actos de corrupción no enfrenten consecuencias negativas en el ámbito laboral o personal.
La Ley de Protección a Denunciantes “es una pieza fundamental que le falta al andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción, porque no tenemos incentivos para que le gente denuncie, porque cuando denuncian se queda sin chamba”, expresó al participar en el diálogo «Nuevos retos de la transparencia en el combate a la corrupción”.
En el acto celebrado en Monterrey, Nuevo León, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dijo que los órganos garantes locales pueden abrir información relacionada con actos de corrupción, en estrecha colaboración con los Sistemas Estatales Anticorrupción.
“Al INAI y a los órganos garantes locales, y a la propia Ley de Transparencia, les da un instrumento muy fuerte para no mantener la reserva de la información cuando se habla de casos de corrupción. Hay dos elementos especiales: Uno, graves violaciones a derechos humanos y, dos, actos de corrupción.”
En un comunicado, reiteró que el acceso a la información pública y la transparencia permite evaluar las fases de la gestión pública, pues abre la posibilidad de conocer los procesos que siguen las autoridades para detectar actos que se desvíen de las normas.
“La información está ahí, el tema es cómo generamos capacidades para procesar una inmensa cantidad de información y no estar haciendo investigación, como se decía antes, de papel, sino hacer un procesamiento sistémico de grandes datos.”
Expuso que existe información pública que puede ayudar a desmantelar las redes de corrupción, por ejemplo, la información contenida en las declaraciones patrimoniales. En ese sentido, destacó que la participación ciudadana y las investigaciones periodísticas pueden proporcionar indicios a las autoridades.
“Ante un indicio o una filtración, yo creo que el recurso del acceso a la información, ya formalizado, es muy potente porque es empezar a seguir la huella de una posible evidencia que luego necesita los elementos suficientes para interponer la denuncia y hacer que las instituciones se activen.”
Salas Suárez indicó que uno de los grandes desafíos consiste en que los ciudadanos se apropien de la información pública como una herramienta para evaluar el desempeño de las instituciones públicas. La transparencia en la impartición de justicia permite generar confianza e incentivar las denuncias ciudadanas para combatir la corrupción desde el interior de las instituciones.
“Tenemos que generar incentivos para que la gente denuncie, la caja negra de denuncias en este país es enorme.”
Dijo que según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, sólo seis por ciento de los delitos se denuncian, “porque la gente dice: ¿Para qué voy a denunciar si no va a pasar nada?”
Además del comisionado, intervinieron en el diálogo la diputada federal, Tatiana Clouthier Carrillo, y el director del Border Center for Journalists and Bloggers, Jorge Luis Sierra.
También, Melva Frutos, periodista coordinadora de la Red de Periodistas del Noreste de México; Bonnie Palifka, investigadora en Ciudadanos Contra la Corrupción y Gilberto Marcos, presidente de Vertebra N.L.
