Organizaciones civiles denunciaron que Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Juan Angulo, director del periódico El Sur, han recibido ataques para desprestigiar su labor de defensa y prensa, al señalarlos como generadores de violencia.
El día 18 de junio de 2019, Angulo y Barrera fueron víctimas de una campaña de desprestigio por parte del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec municipio de Acapulco, Guerrero.
A través de medios físicos y digitales, el comisariado difundió un comunicado en el que se afirma que ambos han sido beneficiados a causa de la generación de violencia en la comunidad, por lo que hacen responsables de cualquier acto de violencia que pudiera ocurrir.
Conflicto La Parota
Estos hechos se dan en un contexto en el que Gobierno Federal y de Guerrero buscaron imponer el proyecto de la presa Hidroeléctrica La Parota, conflicto que resultó por dividir a la comunidad y romper con el tejido social, lo que a su vez generó una polarización comunitaria alentada por autoridades locales y grupos económicos que buscaron imponer megaproyectos, dijeron.
Juan Angulo y Abel Barrera Hernández
También refirieron que la reciente liberación de los 16 presos opositores a La Parota “ha generado malestar entre caciques que han formado grupo de choque para diezmar la organización de comuneros en defensa del territorio”.
Las organizaciones se dijeron preocupadas porque la desacreditación de defensores y periodistas que “es una práctica sistemática que se ha reproducido tanto autoridades estatales y municipales, como grupos de interés […] lo que ha vulnerado el derecho a la vida, integridad física, libertad de expresión y su labor”.
Llaman a la conciliación comunitaria
El Centro Tlachinollan hizo un llamado ante el silencio y la omisión del Gobierno Estatal y Federal para establecer un diálogo con las partes y modelar una ruta de reconciliación comunitaria que tome en consideración toda la problemática de la región.
“Nuestra apuesta es porque impere el estado de derecho y que las autoridades garanticen el acceso a la justicia y respeten a los comuneros y comuneras que han alzado la voz para decir no a la Parota y sí al desarrollo comunitario y a la construcción de la paz con justicia y dignidad”.
Por su parte, las organizaciones acompañantes solicitaron que el Estado asuma su responsabilidad de establecer el diálogo para la paz entre comunidades y que cese la criminalización, intimidación y hostigamiento contra los defensores y periodistas.
Cabe mencionar que el periódico El Sur es uno de los medios que ha cubierto el conflicto de las comunidades opositoras a La Parota retomando el testimonio de las personas defensoras de derechos humanos.
Foto propiedad de: Cuartoscuro
