La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la tortura cometida contra Carlos Canto, detenido por el caso Ayotzinapa, y al mismo tiempo reafirmó la urgencia de investigar a funcionarios que incurrieron en violaciones a derechos humanos y obstruyeron la búsqueda de justicia y verdad.
A través de un comunicado el organismo recordó la importancia del principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura pues ésta “no tiene cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”.
El representante de la ONU-DH, Jan Jarab dijo que el caso de tortura contra Carlos Canto fue documentado por ellos a través de su informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, y que forma parte de los 34 casos en los que el organismo encontró actos de tortura, además de otras violaciones a derechos humanos.
“Este caso se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio de 2015 por cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en febrero de 2017 en el Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez”.
El video que muestra a la víctima con los ojos vendados, maniatado, sometido a asfixia, toques eléctricos, golpes y vejaciones mientras es interrogado “por funcionarios públicos, evidencia ante la sociedad la tortura […] y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso”.
Acusó que las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos tuvieron acceso a información sobre los actos de tortura y contra Canto “y a pesar de ello, no actuaron debidamente”.
“Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”.
Finalmente, Jarab destacó que los actos de tortura en la investigación del caso Ayotzinapa no fueron casos aislados, ni ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México; agregó que ocurren con impunidad y corrupción.
En cuanto a la investigación sobre desaparición forzada de los 43 estudiantes, la ONU-DH hizo un llamado a la Fiscalía General de la República a relanzar la investigación del caso, descartar la llamada “verdad histórica” y designar un Fiscal Especial que cuente con el apoyo del gobierno y de las víctimas.
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