Para que las videograbaciones realizadas con teléfonos celulares o alguna otra herramienta tecnológica pueda ser tomada como prueba de cargo en algún litigio, la bancada del PRI en el Congreso local presentó iniciativa que modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa dijo que eran necesarios esos cambios, incluso planteó reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de establecer, de manera clara, quiénes son las autoridades que podrán solicitar a las empresas telefónicas ubicación en tiempo real de sus clientes.

Para tal efecto, el legislador entregó las dos propuestas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

Ya en entrevista aseveró que la primera reforma ofrece la seguridad jurídica de que las grabaciones que pudieran hacerse sobre hechos probablemente constitutivos de delito no sólo sean admitidas en juicio, sino que se incorporen efectivamente en la dilucidación y resolución de controversias judiciales en materia penal.

“Se propone que, en los procedimientos penales, cuando alguna de las partes ofrezca como medio o elemento de prueba datos obtenidos a través de dispositivos electrónicos de videograbación u otra tecnología similar, en los cuales se contenga información sobre hechos cometidos por servidores públicos que sean presuntamente constitutivos de delito, el órgano jurisdiccional deberá otorgarles valor probatorio pleno”.

“Es necesario que los particulares cuenten con la certeza jurídica de que las grabaciones que eventualmente pudieran realizar sobre este tipo de hechos y sobre ese tipo de personas, no sólo sean admitidas en juicio, sino que se incorporen efectivamente en la dilucidación y resolución de controversias judiciales en materia penal”, agregó.

El legislador aseveró que el objetivo de ambas propuestas no es más que fortalecer el procedimiento penal nacional.

“En la iniciativa en la que solicitamos que se reforme el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se busca especificar las autoridades competentes para solicitar la localización y determinar los presupuestos específicos en los que ésta debe ser autorizada; asimismo, los supuestos en los que el servidor público en quien se delegue la facultad podrá ordenar directamente la localización en tiempo real”.

“Dicha solicitud de georreferenciación será justificada cuando se encuentre en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada”, manifestó.

El legislador priísta manifestó que ambas iniciativas tienen el objetivo de brindar seguridad jurídica de quienes son las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, que tienen competencia para requerir la localización geográfica en tiempo real y fortalecer el procedimiento penal nacional.

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