La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual solicita se declare la nulidad de diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, entre los que se encuentra el artículo 32, que obliga a los particulares a rendir la denominada declaración 3 de 3, es decir, sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.

Dicho organismo considera que estas normas vulneran diversos derechos humanos, entre ellos, los relacionados con la vida privada y la protección de datos personales, ya que indebidamente y sin justificación alguna, equipara a las personas particulares con los servidores públicos.

El último párrafo del artículo 108 de la Constitución Federal señala que las únicas personas que se encuentran obligadas a rendir ese tipo de declaraciones son las que pertenecen al servicio público, por lo que la inclusión de particulares resulta contraria al texto constitucional.

Asimismo, se controvierten diversos preceptos que establecen como sanciones la inhabilitación definitiva para desempeñar cargos públicos, así como para participar en actividades económicas vinculadas con el Estado, lo que resulta incompatible con el contenido del artículo 22 de la Constitución Federal, ya que se trata de penas desproporcionadas, excesivas e inusitadas.

La CEDHNL señala que la presentación de esta demanda permitirá que la SCJN decida si las normas cuestionadas están apegadas o no al texto constitucional, con la finalidad de otorgar certeza a las diversas acciones que se pretendan realizar para combatir la corrupción.

En un tema como es el combate a la corrupción, debe tenerse absoluta seguridad jurídica y el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.