Ante los operativos implementados por la Agencia Estatal del Transporte, dos operadores de la aplicación Uber recibieron los primeros dos amparos por parte de la justicia federal. Las acciones legales protegen a los trabajadores de cualquier acción emprendida por la AET y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.

Mauricio Castillo, representante legal de dos socios de la empresa Uber, informó que la medida resulta histórica para el Estado, por ser el primero en su tipo que emite en la entidad.

“Un juez de distrito el día de hoy (jueves) me concedió una medida cautelar para los efectos de que al conductor no le sean desposeídos su vehículo, en ese sentido vinieron los efectos de la suspensión. Obviamente se van a realizar más audiencias, se van a presentar más pruebas de alegatos, la próxima audiencia está programada para el día 8 de agosto”.

El litigante aseguró que este es el primer paso de varias acciones que van a emprender en contra de las autoridades. Aseguró que ahora buscarán ir en contra de permiso que la AET quiere imponer para que los trabajadores de las APP lo paguen. Aseguró que el cobro es indebido pues el servicio no es el mismo que un taxi convencional, al que considera de servicio público.

“Nosotros vamos a ampliar el amparo en el sentido en el que ahora están cobrando 800 pesos para que te puedan dar una placa, o algo así, por parte del gobierno, pero ¿por qué vamos a tener qué registrarnos si no es lo mismo un socio conductor de Uber en un pasaje privado a un taxista tradicional, que ya es un taxi público?”

El pasado lunes 8 de julio, diputados locales de Movimiento Ciudadano y PVEM presentaron tres amparos colectivos donde buscan resguardar a 2 mil 500 conductores de plataformas digitales como Uber, Didi o Cabify en los Juzgados de Justicia Administrativa del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, aún no han sido concedidos debido a falta de papelería o porque las personas no han acreditado ser socios conductores de plataformas.

Clausuran oficinas de la AET

Hartos de la poca visión con la llevan la operatividad de la Agencia Estatal del Transporte, integrantes de Únete Pueblo clausuraron estas oficinas gubernamentales. Rocío Montalvo líder de Únete Pueblo, dijo que Noé Chávez Montemayor lleva tan mal esta área como Jorge Longoria.

La activista dijo: “Es una lástima que no haya rumbo en el Estado de Nuevo León en temas de movilidad y el transporte”. Además, con ello, Rocío Montalvo clausuró simbólicamente la AET porque dice que ya se venció el plazo que ilegalmente le dio el Gobierno del Estado a la Ruta 400 para que dejara de cobrar 17 pesos.

Ahí señala que: “Además de que no se le aplican sanciones tampoco hay acciones o planes para mejorar el servicio de las rutas, sobre todo no hay un plan para garantizarle a la gente el servicio ahora que 5 rutas han dicho que dejarán de dar servicio”.

Bajo esta visión mencionó que este viernes, en la reunión del Consejo va a poner esto temas en la mesa, aunado a la situación de Uber.

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