El 70 por ciento de los brasileños rechaza el proyecto del presidente Jair Bolsonaro que propone facilitar a la población la portación de armas en las calles del país, reveló una encuesta del Instituto Datafolha hecha pública este viernes en la prensa local.
De acuerdo con la consulta también se incrementó el porcentaje de brasileños que apoya la prohibición para poseer armas en la casa y en el trabajo, el cual fluctúa entre el 64 y 66 por ciento desde el pasado mes de abril.
El 31 por ciento de la población manifestó su acuerdo con la posesión «legalizada» de algún tipo de arma pues la consideraron como un derecho para su defensa personal, tres puntos menos del pasado abril cuando se registró un 34 por ciento, detalló la empresa consultora.
La encuesta realizada entre el 4 y 5 de julio se verificó a escasos días de la derogación de los decretos propuestos por el gobierno del presidente Bolsonaro. El 26 de junio, el mandatario publicó el séptimo texto sobre el tema.
El 15 de enero pasado, dos semanas después de asumir la Presidencia, Bolsonaro puso en marcha su política «armas para todos» para facilitar la compra, el registro y la tenencia de armas.
El 7 de mayo pasado, emitió un segundo decreto que flexibilizaba las normas para la posesión, el porte y la comercialización de armas para tiradores deportivos, cazadores y coleccionistas, a fin de que pudieran portarlas cargadas, así como comprar hasta mil cartuchos anuales.
Las políticas de Bolsonaro fueron criticadas por la Procuraduría General, pues dijo que el mandatario no podía modificar con una orden ejecutiva medidas reguladas por ley.
En respuesta, el 21 de mayo pasado, el presidente presentó un nuevo decreto para enmendar el segundo y prohibió la tenencia de fusiles, carabinas y escopetas por parte de «ciudadanos comunes», lo que anteriormente había justificado por la necesidad de «autodefensa».
Posteriormente, el 25 de junio, Bolsonaro presentó tres nuevos decretos sobre la posesión y portación de armas de fuego, que fueron promesas de su campaña electoral, y revocó los dos anteriores impugnados en el Congreso y rechazados por la justicia brasileña.
