La Auditoría Superior de la Federación integró un expediente contra Metrorrey y ya realiza peritajes en torno a algunas compras y manejo de recursos que no están del todo claras, anunció la titular del Colectivo “Únete, Pueblo”, Rocío Montalvo Adame.
La activista regresó de un viaje a la Ciudad de México a donde fue para conocer la evolución de las denuncias presentadas ante diferentes instancias contra Metrorrey: “Ya se iniciaron algunos peritajes, ya se están haciendo algunas auditorías financieras, en septiembre se va a abrir la reserva, ahorita está bajo reserva la investigación”.
Dijo que les comentaron que la información que presentaron ha sido acreditada por la misma Auditoría: “Estos hechos irregulares que hemos compartido en cuestión de adquisiciones por parte de Metrorrey, desde la adquisición de sujetadores, desvíos como las escaleras eléctricas de la línea tres, las malas condiciones de las líneas uno y dos”.
Montalvo Adame también visitó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para aclarar diversos puntos sobre el presupuesto que llego para la línea tres del Metro.
“Hay muchas situaciones de mala información que se han compartido por parte del Gobierno del Estado. Por ejemplo, que llegaron 5 mil 804 millones de pesos al Estado desde el 2013 hasta junio del 2019 para lo que es concluir la línea tres”.
Recordó que por parte del Gobierno del Estado hay un trámite que realizó en el 2016 con el exdirector Jorge Arrambide, donde hay una supuesta adquisición de vagones para la línea tres.
“Llegaban en un año y medio, quiere decir que en el 2017 o 2018 estarían llegando los vagones, y que esta línea tendría que estar concluida desde esas fechas, sin embargo, han ido haciendo más sobrecobros”.
Dijo que se encontraron con la novedad que lo que buscaba el Gobierno del Estado con lo que era el aumento del Metro y el aumento mensual de llevar la tarifa a 8.50, era en parte para que los usuarios pagarán los vagones, porque el dinero llegó, pero nadie sabe para dónde se fue.
“Ya ahorita se está haciendo una auditoría financiera para saber hacia dónde se están yendo los recursos, por qué no se ha logrado concluir ni lo que son la construcción completa, y sobre todo qué sucedió con el dinero que supuestamente gestionaron los diputados federales en el 2015”.
