Por Javier Zambrano.

El articulo 41, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal, puntualiza que: “La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…”

El vocablo “renovar” es puntual y muy claro. Sólo mediante elecciones libres y el voto directo de la ciudadanía se renuevan y por ende se escogen gobernantes.

Siendo Jaime Bonilla un gobernador electo, una extensión o un aumento a su mandato, implicaría una “renovación” al mismo, lo que forzosamente debería ser a través de elecciones ciudadanas libres, auténticas y directas, como lo prescribe el artículo antes citado. Y no a través del Congreso Local.

Pero debido a que nuestra Constitución Federal (Artículo 116) prohíbe la reelección de gobernadores electos popularmente, como ocurre con Bonilla, es imposible extenderle su mandato. Bonilla fue electo sólo por dos años, y por ello no puede gobernar por más de ese período. Hacerlo sería violentar la Constitución Federal.

Al Artículo 116 Constitucional citado habría que vincularlo con el 133, del mismo texto, que instrumenta el principio de supremacía constitucional al plasmar, que la Constitución es la Ley Suprema del país y que los jueces de los estados se arreglaran a ésta a “pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones de los Estados”.

Por ello, el decreto que promulga el Congreso de Baja California para extender de dos a cinco años el período por el que fue electo Jaime Bonilla al cargo de gobernador es un acto a todas luces ilegal, arbitrario y totalmente contrario al pacto federal.

El asunto es aún más grave, pues el Congreso de Baja California no sólo se extralimita en sus atribuciones legales, incurre además en acciones premeditadas que dan fisonomía a un acto de rebelión institucional, castigado y sancionado gravemente por el Artículo 136 de nuestra Carta Magna, que establece el principio de inviolabilidad constitucional.

En efecto, dicho artículo previene que se debe juzgar con severidad a gobiernos emanados de principios contrarios a los sancionados por nuestra Constitución. Y dicha sanción debe abarcar, tanto a los individuos que figuren en dichos gobiernos ilegales como a quienes hubieran cooperado con ellos.

Tolerar o consentir el precedente de Baja California es nocivo y muy tóxico para México. Sería otorgarle un poder enorme a congresos estatales, que suelen ser lacayos y sumisos con los gobernadores en turno. Sería un retroceso y una afrenta para nuestros procesos electorales y un golpe más a nuestro frágil estado de derecho.

Llama la atención la tibieza y tolerancia del Presidente, Gobernación, partidos, senadores y diputados. Estamos ante una afrenta a México, a sus Poderes Constituidos, a la Constitución que nos rige, a la democracia, a los ciudadanos mexicanos. Vale la pena aplaudir la enjundiosa advertencia del Presidente del Congreso Federal, Porfirio Muñoz Ledo. Los experimentados políticos suelen advertir lo por venir. Ojalá no sea sólo y exclusivamente una advertencia.

El precedente es inaceptable. Estamos obligados a actuar.

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