La exfuncionaria federal Rosario Robles presentó una demanda de amparo en contra de cualquier posible orden de aprehensión en su contra, luego de que la Fiscalía General de la República la citó a comparecer ante un juzgado federal para formular la imputación por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En declaraciones al diario Reforma, el abogado Julio Hernández Barros confirmó la presentación del amparo y de otro recurso en contra del citatorio para la audiencia de imputación, debido a que hasta el momento no han tenido acceso al expediente y fue a través de los medios de comunicación que se enteraron de los cargos contra su defendida: “El amparo es contra la posibilidad de que existiera alguna orden de aprehensión, todavía no está radicado (en algún juzgado), fue recibido en la oficialía de partes común”.
En caso de que sea declarado procedente el recurso de revocación, la audiencia del próximo 8 de agosto en el Reclusorio Sur será aplazada y la parte acusada tendrá acceso a la carpeta de investigación.
El delito por el que se vincularía a Robles Berlanga está previsto en el Artículo 214 del Código Penal Federal, y hace referencia a que teniendo conocimiento de su cargo haya afectado los intereses, patrimonio federal o el capital del país.
En su caso, la acusación sería por la afectación al patrimonio federal durante su paso como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), específicamente por las gestiones del programa Cruzada Nacional contra el Hambre y la triangulación de recursos en la llamada “Estafa Maestra”.
Rosario Robles podría pasar hasta 10 años en prisión de acuerdo con lo establecido en el Código Penal para los cargos en su contra.
Descartan violación al debido proceso de Rosario Robles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, rechazó que se haya violado el debido proceso en la investigación que involucra a Rosario Robles.
“Hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, han señalado que el derecho al honor a la vida privada de los servidores públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción”.
Nieto Castillo insistió en la legislación establece que en los casos de corrupción no puede decretarse reserva de ley y los hechos tienen que ser de conocimiento público. En cuanto a la llamada “Estafa Maestra”, señaló que se indaga una red de funcionarios y de 50 empresas involucradas en las transacciones irregulares.
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