Frente a la crisis de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas que impera en México, es necesario que el Estado garantice el ejercicio de su labor a través del reconocimiento y combate a la impunidad, sentenciaron las organizaciones civiles Propuesta Cívica y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En la presentación del informe Frente al Riesgo y al Caos, señalaron que las agresiones contra personas defensoras y periodistas sigue en aumento, con lo que reprocharon que el funcionamiento del Mecanismo de Protección federal y las leyes locales no han logrado revertir la situación.

“Al analizar las normatividades de protección se constató la falta de entendimiento de un modelo de protección integral, por su visión limitada y reducida del problema, que no aborda el conjunto de limitaciones que enfrentan defensores y periodistas en el desarrollo de sus labores”, dijo Mario Hurtado, de Propuesta Cívica.

Al presentar los hallazgos principales, Mario Hurtado, señaló que la aprobación de leyes es insuficiente porque no estás constituidas con base en las obligaciones que tiene el Estado para garantizar la labor de los defensores y periodistas.

Sentenció que desconocen las medidas de prevención, investigación y sanción de los delitos en contra de la labor de defensa e información, además de la ausencia de voluntad política para implementarse.

“Además hay carencia de enfoque diferenciado y de perspectiva de género, falta de transparencia, de sanción a funcionarios, y de medidas políticas-sociales a personas que estaban en riesgo por esta labor”.

Es responsabilidad del Estado, no sólo del mecanismo

Por su parte, la directora de la organización Propuesta Cívica, Sara Mendiola, dijo que el informe representa la inacabada política pública que se debe fortalecer pues “la responsabilidad de seguridad para defensores y periodistas es del estado mexicano y no solo del mecanismo”.

La senadora Nestora Salgado, dijo que la violencia contra defensores y periodistas es un tema lamentable y complejo, mismo que ha recibido poca atención por parte de las secretarías encargadas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Condenamos enérgicamente todos los asesinatos, así como toda narrativa que difame, criminalice y revictimice. Es inaudito que la cifra de periodistas asesinados ya sea de 11 en 2019; es crítica la situación en materia de libertad de expresión”.

Por ello, las organizaciones hicieron un llamado para que el gobierno garantice el ejercicio de defensa de derechos humanos y periodistas a través de un programa que atienda necesidades específicas de las víctimas. Sobre todo, exigieron que los funcionarios públicos dejen a atacar y reconozcan su labor para con la sociedad.

“Es necesario construir un sistema nacional de coordinación amplio y garantista, para que de esta manera defensores y periodistas no sólo sean objetos de protección sino sujetos de derechos”, finalizó Sara Mendiola.

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