Unos 60 exfuncionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol, actual Secretaría de Bienestar) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estarían involucrados en desvío de recursos. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal los exservidores públicos participaron en el desvío de 800 millones de pesos de ambas dependencias, entre 2014 y 2018, publica La Jornada.
Ante ello, se iniciaron cinco procesos penales en tanto que están en curso más de 20 indagatorias señala el mencionado rotativo, con base en información de la Fiscalía General de la República.
La “estafa maestra”
La ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, está bajo la mira por la llamada “estafa maestra”, un sistema de corrupción que involucró a 11 dependencias del Gobierno federal, ocho universidades públicas y 186 empresas.
En el entramado, desaparecieron millones de pesos en recursos públicos durante la administración de Enrique Peña Nieto. Robles Berlanga es la primera exsecretaria de Estado que enfrenta un citatorio judicial por “estafa maestra”.
Los señalados por desvíos
Rosario Robles Berlanga, como secretaria de Estado, y el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu Emilio Zebadúa, se encuentran entre los funcionarios de mayor nivel de la administración federal señalados como responsables de desviar recursos.
Según las investigaciones, lo hicieron a través de convenios firmados con las universidades de Morelos, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo, Zacatecas, así como el estado de México.
Desde octubre de 2015 a abril de este año se integraron 21 carpetas de investigación, en tanto que se han obtenido seis vinculaciones a proceso, señalan los reportes del MPF.
Testigos acreditaron desvíos
Tres exfuncionarios han participado como testigos colaboradores, con lo que se han fortalecido las pruebas contra los imputados en el desvío de recursos millonarios a empresas fachada, así como la realización de obras inexistentes o la adquisición de bienes que no se entregaron.
Con los testimonios de José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Infante, el MPF acreditó que para llevar a cabo los desvíos de recursos se utilizaron tres domicilios que están en la Ciudad de México.
Desde ahí, Emilio Zebadúa dirigía la falsificación de documentos de supuestos convenios, se llevaba a cabo la suplantación de firmas en los convenios y se acordaba la transferencia ilegal de recursos, detalla el mencionado rotativo.
Daño patrimonial
De acuerdo con la FGR, el entramado en Sedatu y Sedesol dejó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos.
En titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero dijo en mayo pasado que el daño patrimonial no pudo ser producto de sólo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros.
Ante ello, comentó, “debió haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público, ya que los elementos aportados así lo indican”.
Para el fiscal, se trató de un delito “encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más”.
