La noticia de la prisión preventiva a Rosario Robles cimbró la política nacional. 5 mil millones de pesos sustraídos de programas sociales a través de la “Estafa Maestra”, califican como una de las peores formas de corrupción conocidas de la pasada administración. Por lo mismo, consideramos, resulta menester encuestar el sentir de la ciudadanía al respecto.
Ciertas partes del proceso judicial, -sumado a un “sospechosismo” nacional cultivado- generan la duda y la pregunta de si el proceso es un acto de justicia insólito en nuestro país o se trata solo de una venganza política. A lo último abonaría el que el juez quien dictó la prisión preventiva a Rosario Robles es sobrino carnal de la diputada Padierna, cuyo esposo hace algunos ayeres tuvo que ver con Robles.
En razón de lo anterior, las empresas SRS y OPMI, a través de AMLOVEmetrics, se dieron a la tarea de formularle a una muestra representativa de los mexicanos la siguiente pregunta:
“Un juez ordenó prisión preventiva a Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusándola de presuntos desvíos e irregularidades durante su gestión al frente de la Secretaría, que suman alrededor de 5 mil millones de pesos.
¿Cree usted que este encarcelamiento es una venganza política o una acción de la justicia para combatir la corrupción?”
La respuesta fue la siguiente:
El 18% de los entrevistados consideran fue una venganza política y un apabullante 82% considera que es una acción de la justicia para combatir la corrupción.
Los números permiten señalar que, no importando los tecnicismos legales o que el parentesco legal del juez pudiera ser un conflicto de intereses, la ciudadanía pide, exige y confía que la justicia se está llevando a cabo. No importa si la razón de la prisión preventiva se basó en que la dirección de la licencia era diferente a la de su domicilio donde vive Rosario; tampoco que dicha imputación no requiera prisión preventiva.
Lo que importa para los encuestados es que combatir la corrupción se percibe como un acto de justicia en sí mismo y prioritario a toda costa. Este es un dato que deberá ser considerado tanto por el poder judicial como por el ejecutivo. La ciudadanía prefiere ver a los posibles pillos encerrados tras las rejas a verles libres por argucias legales. Si en su momento han sido mecanismos utilizados por los abogados, hoy fueron usados por un juez, y se aplauden.
En el poder ejecutivo también tendrá que sopesar esta respuesta de la población, pues apoyar al poder judicial en este caso también podría toparse con la misma “vara” en las decisiones de, por ejemplo, frenar Santa Lucía. Tal vez por ello, el presidente no deba enfrentarse a los jueces y, en vez de ello, escuchar sus razonamientos. No habrá nada mejor para el país que la independencia real de los poderes y que estos puedan actuar en consecuencia.
Para el pequeño porcentaje que considera que esto se trata de una venganza política, puede atribuirse a la forma en que ha sido llevado el proceso y también a historias noveleras de los hoy protagonistas.
En esta ocasión se levantaron 800 encuestas por teléfono, con operadora, desde un Call Center, entre el 17 y 18 de agosto, con selección aleatoria de entrevistados, con un margen de error estadístico de +-3.4%.
Los resultados que ha arrojado esta encuesta indican que los mexicanos demandan y esperan actos que combatan de forma directa la corrupción. Esta fue la bandera principal de Andrés Manuel en su campaña presidencial. Si ese es el camino, la ciudadanía seguirá apoyando al ejecutivo federal y será un aviso contundente para todos los funcionarios públicos presentes y futuros.
AMLOVEmetrics continuará inquiriendo, como lo viene haciendo desde el día posterior a las elecciones presidenciales de 2018, sobre diversas cuestiones del acontecer nacional que sean de interés para la ciudadanía mexicana.
