Ciudadanos afectados tras los decomisos que la AET ejecutó a taxis de aplicación no han tenido procedimiento legal para recuperar sus unidades vehiculares por falta de respuesta de la Diputada Karina Barrón, quien no ha establecido comunicación con algunos de los afectados.
Con multas de alrededor de 20 mil pesos por vehículo, los choferes, Roberto Peña y Daniel Rosas, no han procedido a recuperar sus unidades por falta de sustento económico. Según el activista Pedro Alejo, quien actualmente funge como defensor de los conductores de taxis de aplicación, estas multas pudieron haber sido combatidas en materia administrativa con un juicio procedido a través de la diputada Barrón, del cual actualmente desconocen su alcance y el acto reclamado.
Fue el equipo jurídico de la diputada quien se encargó de corresponder a los amparos presentados que meses atrás ofreció protección a los conductores de los abusos por parte de las autoridades de gobierno y de transporte, quienes impusieron multas de hasta 40 mil pesos por unidad.
“La cuestión es que ya se pasó el plazo en que uno como ciudadano puede reclamar a la autoridad un acto de violencia a los derechos, y al no hacerlo en tiempo y forma ya no pueden hacer nada. Ya no pueden interponer un juicio de nulidad, un amparo en materia administrativa, porque ya se les pasó el tiempo”.
Desde la semana pasada los conductores Roberto Peña y Daniel Rosas comenzaron un boteo en cruceros, así como también dieron apertura a una cuenta bancaria para percibir apoyos voluntarios, esto con el objetivo de sacar a la brevedad las unidades del corralón, de las cuales hasta la fecha ya requieren hasta 12 mil pesos por vehículo tras ser decomisados desde el pasado mes de junio.
