Debido a los despidos y rotación de personal que ha tenido al Secretaría Administrativa y la de Seguridad Pública, la Fiscalía Anticorrupción ampliará la investigación en contra de Teresa Martínez, la suegra de Jaime Rodríguez Calderón.

Javier Garza y Garza, titular de la dependencia dijo que citarán a todas las personas que tuvieron que ver con el asunto del incremento del sueldo, aunque ya no estén trabajando para el Gobierno del Estado o hayan sido cambiadas a otros estados.

Dijo desconocer si la salida o reubicación del personal tiene que ver con este caso, por lo cual ya solicitó la ubicación de los involucrados para sentarlos a comparecer.

“Ha habido muchas rotaciones de personal de esas áreas, yo creo que es una cuestión normal, es una cuestión natural que se va dando durante las administraciones, en esas áreas se van dando los cambios, desconozco. Vamos a investigar si hubo una consecuencia o algo con relación de eso, pero en principio no es tema de sobre lo que tenemos, pero sí vamos a ampliarlo sobre ese lado”.

Señaló que, aunque no se ha tenido problema para localizarlos a los funcionarios o solamente batallaron un poco para dar con el domicilio de uno de ellos, que se cambió a la Ciudad de México.

“No hemos batallado para localizarlos; sí tuvimos problemas en algunos domicilios para conseguirlos y estamos viendo precisamente una persona que se cambió en la Ciudad de México, en Naucalpan, Estado de México, estamos en vías de localizarlo. A ese y todos los casos les hemos dado celeridad. En todos los casos hemos citado infinidad de personas. Si no agotamos las carpetas, pues vamos a dejar muchos huecos que con un amparo nos resuelvan, pero vamos a estar en eso”.

De igual forma, recordó que aún no concluyen las entrevistas de los implicados en el caso, por lo que se continuaran las indagatorias correspondientes para completar debidamente el expediente.

A inicios de agosto, Garza y Garza reveló que el secretario de Administración, Mauricio Torres Elizondo, el director del Isssteleón, Carlos Morales Rizzi, y el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, Gerardo Treviño, eran los funcionarios a los que se les estaba pidiendo documentación en torno al aumento y autorización de la pensión de Martínez Galván.

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