El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, seguirá recluido en el penal del Altiplano por el asesinato del síndico Arturo Hernández Cardona perpetrado en 2013, mas no por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aclaró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas.
Luego de anunciar la liberación de medio centenar de personas aprehendidas por su presunta participación en el ataque y desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurridas los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Encinas indicó que no hay ningún indicio para que José Luis Abarca pueda quedar en libertad.
“Hay que recordar que (Abarca) está en proceso por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, quien fuera síndico municipal, y no necesariamente por la desaparición de los 43”.
El pasado 30 de agosto el juez de Tamaulipas Samuel Ventura dictó sentencia a favor de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, a quien absolvió del delito de secuestro contra los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos; y esto podría sentar un presente para que otros 50 detenidos sean liberados.
Buscarán indagar a juez que liberó al “Gil”
Alejandro Encinas dijo que por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador se solicitará a la Fiscalía General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal que investigue a quienes han llevado estos procesos de liberación y se deslinde responsabilidades.
Además, pedirán que la Fiscalía encause las investigaciones y se pueda procesar a todos los responsables, incluyendo exfuncionarios como el exprocurador Jesús Murillo Karam.
“En el momento en que se acrediten violaciones al debido proceso en el sembrado o fabricación de pruebas en la formulación de la ‘verdad histórica’ va a alcanzar a todos los responsables de este dictamen que emitió la Procuraduría”.
Abarca y su esposa, acusados de la desaparición de los 43
Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en un domicilio particular en Iztapalapa en el Distrito Federal el 4 de noviembre de 2014, por estar acusados de haber ordenado la desaparición de las 43 víctimas.
Presuntamente Abarca tenía vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos y la noche del 26 de septiembre les pidió que los atacaran para evitar que sabotearan el informe que su esposa y expresidenta del DIF que daría al día siguiente. Cuatro días después del ataque pidieron licencia a su cargo y se hicieron prófugos de las justicia hasta noviembre del mismo año.
A ninguno de los dos se les ha podido dar sentencia, y en mayo de 2016, a Abarca se le deslindó del delito de desaparición por los jóvenes de Ayotzinapa. Sin embargo, sigue detenido porque se le acusa de haber ordenado matar, un año antes, al síndico Hernández Cardona y otros tres campesinos, cuerpos que fueron encontrados en una fosa en el municipio de Mezcala.
Días antes del asesinato de las cuatro personas, éstas lo habían hecho responsable de lo que les pudiera pasar ya que denunciaron haber sufrido violencia política.
Fotografía: PGR / Cuartoscuro
