Al considerar que las acciones jurídicas promovidas por el gobernador Jaime Rodríguez y el secretario de Gobierno, Manuel González ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, refutó los recursos.
El expresidente estatal de MC presentó este jueves pruebas de desahogos para que se desechen los recursos de los dos funcionarios, quienes serían destituidos por el Congreso del Estado. García Sepúlveda dijo que esto era posible debido a que él es un tercer interesado en el juicio y sanción. Recurrió a este procedimiento porque el pasado 6 de septiembre, el TEPJF decidió reencauzar los expedientes como recursos de revisión.
“(Son) infundados e inoperantes sus muy malos recursos y patadas de ahogados. Han perdido juicios por la sanción, han perdido amparos por un probable juicio político, y ahora van a perder los juicios en materia electoral”.
El legislador aseguró que los alegatos del Gobernador y su secretario en torno a la superioridad jerárquica y facultad de sanción del Congreso, la violación al derecho de audiencia y la alteración de la sentencia original puesto que la Sala excede los resolutivos de la sentencia, otra vez serán desechados porque en materia electoral ya fueron vencidos en juicio en la misma Sala Superior.
“Jurídicamente están fritos, por eso les decimos que tienen los días contados. Jaime y Manuel serán destituidos. Acompañaremos la sentencia hasta sus últimas consecuencias, porque afortunadamente el Congreso del Estado de Nuevo León ya inició el procedimiento, porque ayer la Comisión de Anticorrupción ya circuló las reglas procesales para iniciar con el fincamiento de la sanción”.
Ante la Sala Superior, el senador de Nuevo León argumentó que la falta es grave y especial por existir el dolo y la negligencia, ya que es un manejo discrecional de los recursos de la Hacienda Pública.
No era necesario notificar la sentencia del incidente a los infractores, porque bastaba exclusivamente a la Autoridad Responsable, es decir, el Congreso del Estado; la Comisión Anticorrupción ya citó para análisis, discusión y aprobación de las reglas procesales de sanción garantizando el derecho de defensa y la garantía de audiencia a los servidores públicos involucrados.
Además, la responsabilidad quedó acreditada y confirmada por la autoridad dentro del expediente SER-PSC-153/2018 por la indebida utilización de recursos públicos con fines electorales; y la actuación por parte del Congreso se ubica en el ámbito del régimen sancionador electoral, específicamente, como culminación de un procedimiento especial.
García reiteró mantenerse al margen durante el proceso de sanción del Legislativo y confía en que las fuerzas políticas actúen conforme a derecho.
