Por Félix Cortés Camarillo.

Dicen las leyes mexicanas que para que un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea separado de su cargo, por cese o renuncia, debe haber una causa grave. El todavía magistrado Eduardo Medina Mora, quien presentó su renuncia al cargo anteayer, tiene indudablemente causa grave para retirarse de una posición privilegiada en términos de poder y de recompensa: la investigación que por enriquecimiento inexplicable le tiene fincada la Fiscalía General de la Nación.

El hermetismo con el que se ha manejado este asunto, que tiene ya varios meses en incubación, no ha impedido que trascienda un par de datos importantes. El primero es que la investigación se inició en la secretaría de Hacienda tuvo su primigenio origen en los Estados Unidos, donde Medina Mora estuvo más de dos años en el cargo de embajador de México. Depósitos supuestamente millonarios han sido seguidos en sus rutas a bancos de la Gran Bretaña, México y los Estados Unidos.

Es muy importante que, en este golpe que promete ser sensacional de la lucha del presidente López en contra de la corrupción, no se incurra en esa prisa mediática que conduce a eliminar el principio de la presunta inocencia de cada acusado. Por más sospechas que haya y por muy grande que haya sido la lesión a la sociedad mexicana o su gobierno, nadie puede ser considerado culpable mientras no se presenten pruebas suficientes e indubitables de que lo es.

Esto es particularmente válido porque Medina Mora, en su larga trayectoria en cargos de persecución de delincuentes, espionaje e impartición de la justicia, tuvo una muy importante participación en los procesos relacionados con el desafuero y persecución de Andrés Manuel López Obrador cuando intentaba conseguir la presidencia de la República. Los que conocen al presidente López aseguran que tiene muy buena memoria y una obsesión de venganza que trata de ocultar mediante subterfugios leguleyos.

Si se logra comprobar la condición delincuencial de Medina Mora, su persecución va a constituir un ladrillo más a favor del blindaje de López Obrador en torno a su estilo muy particular de gobernar. Es deseable que no nos quede dudas de que no se trata de una venganza política sino un ejercicio diáfano de la justicia.

Ya veremos.

PILÓN.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro, es probablemente el primer beneficiario de los actos del magistrado Medina Mora. Antes de firmar y enviar su carta de renuncia, el magistrado se encargó de ponerle trabas –si bien temporales– a los recursos legales usados con torpeza por el Congreso del Estado para buscar sanciones para el gobernador y su secretario de Gobierno, Manuel González. Por lo pronto, la indagatoria puede continuar, pero, por decisión del magistrado, no habrá sanción cual ninguna para los que pusieron a los burócratas a trabajar, en horario laboral, pepenando firmas para respaldar la candidatura independiente de El Bronco a la presidencia de la República.

Las aves de carroña que esperan ver caer a dos cadáveres para darse un banquete van a tener que esperar.

No mucho.

felixcortescama@gmail.com

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