La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso aprobó este miércoles por unanimidad quitarle la inmunidad al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Jorge de León, diputado del PRI y presidente de la comisión dijo que con estas modificaciones el mandatario estatal podrá ser enjuiciado por cualquier causa, tal y como ocurre con los ciudadanos.
El proyecto de dictamen, que se deriva de una iniciativa presentada el 21 de agosto por Juan Carlos Ruiz, Diputado local del PAN, y los demás legisladores de esa bancada, sería programada para su aprobación en primera vuelta en las sesiones del Pleno de la próxima semana.
La legislación actual prevé: “El Gobernador del Estado sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el ejercicio de su cargo”.
Jorge de León, presidente de la Comisión y Diputado local del PRI, dijo que, al derogarse ese artículo, el Gobernador puede ser enjuiciado por cualquier hecho y no se requerirá que medie un juicio político previo.
“Se aprobó por unanimidad el expediente que contiene una propuesta para eliminar, para derogar, el artículo 106 de la Constitución del Estado que, dicho en palabras muy prácticas, es el que le daba inmunidad penal o procesal al Gobernador y, al derogarlo, pues se estará eliminando esa inmunidad del Gobernador y puede ser enjuiciado por cualquier delito que haya cometido. De aprobarse por el Pleno, pues ya no se requerirá de un juicio político para enjuiciarlo, y esto se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos que integran la Comisión de Puntos Constitucionales”.
De acuerdo con el legislador, se debe de quitar esta protección, ya que no existe un sentido de fondo para mantenerla. El diputado local indicó que existe consenso para que en este periodo pueda aprobarse, e incluso que la próxima semana podría llevarse al Pleno; sin embargo, aunque por ser una modificación a la Constitución local necesita votarse en dos vueltas.
Agregó que la reforma no está relacionada con el proceso sancionador que se le sigue al Ejecutivo estatal y al Secretario General de Gobierno, Manuel González, por el desvío de recursos públicos con fines electorales.
“Esta reforma es completamente ajena al proceso sancionador que se le está siguiendo al Gobernador, es una reforma constitucional que fue propuesta por un grupo legislativo y que ha sido respaldada por el resto de las bancadas y que tiene qué ver con eliminar un beneficio que actualmente tiene el Gobernador para que, como cualquier ciudadano, pueda responder ante denunciar por la presunta comisión de algún ilícito”.
