Por Carlos Chavarría.

En esta guerra, que ya es una de materiales, no es la primera ni será la última vez que el ejército “cede” terreno al crimen organizado para minimizar bajas civiles y militares. El miedo como residuo, beneficia tanto a los criminales como al estado que busca controlarlo todo.

Cualquiera se puede equivocar al tomar decisiones y el presidente López Obrador no se equivocó al enredarse en el asunto de la liberación del hijo del Chapo. Como persona, tiene bien poca importancia una equivocación, pero en un político de las ambiciones de nuestro presidente no hay nada fortuito y todo tiene algún propósito.

Bien sabemos que el presidencialismo mexicano, que no se somete a ninguna ley y es la verdadera raíz de la impunidad, es algo que está disfrutando este nuevo presidente para fines que sólo él sabe y no quiere revelar.

La nación, que es lo más importante, funciona por un principio que sostiene toda la operatividad del estado y es el de la aceptación implícita de la comunidad de todos los actos de los distintos órganos del estado en tanto produzcan cosas buenas.

Ya existen suficientes evidencias de que distintos grupos, tanto dentro del gobierno y los dedicados a la política, como en la sociedad, que están debilitando los delgados hilos que mantienen unida y trabajando a la energía colectiva.

La Constitución está formada por generalizaciones carentes de especificación adjetiva medible porque se asume que lo que se ofrece para todos los mexicanos, desde los procesos electorales, pasando por la función operativa del gobierno y hasta el cambio de mandos, es que siempre se buscará que ocurran buenos resultados.

De ahí surge la razón de ser de la nación, la aceptación de la verdad implícita de que las acciones del estado y los grupos de la sociedad fortalecerán la paz y el progreso sin aceptar ninguna forma de disolución social que atente contra la constitución.

No está incluido en la aceptación implícita del acto de una elección de gobierno la aplicación de la violencia selectiva cuya misión es debilitar a los gobiernos locales mostrándolos inermes frente a un fenómeno que por su diseño intencional los supera, habida cuenta de que el gobierno federal ha abandonado cualquier estrategia de contención hacia los indeseables sociópatas que forman las masas del crimen organizado, en razón de otra que busca acabar con la pobreza como la materia prima humana de las hordas criminales. Los tiempos para observar resultados entre ambas las anulan per se.

Al mismo tiempo se apresura la formulación de diversas medidas legislativas cuyo propósito final es anular cualquier crítica desde la sociedad a través de la represión institucional, cuando al mismo tiempo se concentra el poder en la figura presidencial.

Por simple razón de la diversidad de ideas y doctrinas, bien haría el gobierno federal en volver a la claridad en su lenguaje y evitar el exceso en el uso de razonamientos axiomáticos para justificar lo que la nación no está aceptando implícitamente en la conformidad con el bien que se presume hacer y que a todas luces no se está alcanzando.

Las gracias se dan entre iguales, y cuando un criminal agradece al presidente por no apresarlo, pues hubiera sido peor para la sociedad, lo que se está debilitando es el estado, el modelo de nación está ahora sujeto a la fuerza contraria a la sociedad entera y que al parecer ni el gobierno federal la puede dominar y vencer.

Al mismo tiempo que se desquicia una ciudad importante, el presidente recibe al líder visible de la nación que es el foco de la inestabilidad regional con la muy clara intención de substituir a sus patrocinadores chavistas, lo que no estaba incluido ni en el discurso y oferta electoral del actual como gobierno, así como en la aceptación implícita constitucional. Pero ya sabemos que el presidente en México lo puede todo, hasta el absurdo de violar las leyes en nombre de la justicia y la seguridad del pueblo al liberar a un maleante de la peor calaña.

 “Colombianizar” a México para que el presidente acceda a poderes excepcionales, cuyo sustento será el miedo, es una estocada a la democracia y la vida institucional, y nadie votó por ello, ni el voto, en cualquier caso, ya no representa conformidad implícita alguna.

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