México se ubicó en el lugar 60 y quedó en segunda posición en Latinoamérica en el ranking Doing Business 2020 del Banco Mundial (BM) que califica las facilidades que da un país para poder hacer negocios.
Un comunicado de la Secretaría de Economía (SE) resaltó que a pesar de que México perdió una buena posición obtuvo una calificación de 72.4 puntos, sólo con una diferencia de 14.4 puntos del primer lugar que es Nueva Zelanda con 86.8.
La Secretaría presumió que, en este reporte anual, que evalúa 190 países, México superó a economías de grandes mercados como a la de India, Vietnam y Sudáfrica, así como de países de Europa como Luxemburgo y Grecia.
En Latinoamérica en primer lugar quedó Chile en el lugar 59, luego México, seguido de Puerto Rico en el 65, Colombia en el 67, Jamaica en el 71, Costa Rica en el 74, Perú en el 76 y Panamá en el 86. Mientras que Brasil se ubicó en el 124 y Argentina en el 126. A nivel mundial abajo de Nueva Zelanda, se colocó Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Corea del Sur.
Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno va a respetar las recomendaciones y calificaciones de organismos financieros porque está a favor de la autonomía e independencia.
“México supuestamente en esta medición ocupaba el primer lugar en confianza para inversión extranjera y ahora cae al segundo lugar; ¿y quién creen ustedes que pasa a ocupar el primer lugar? Chile. Entonces, (los organismos financieros) no son infalibles, pero somos libres y cada quien tiene su visión, su punto de vista, y respetar”.
¿Por qué cayó la calificación de México?
Uno de los aspectos negativos fue la dificultad para otorgar permisos de construcción en la Ciudad de México, un proceso que tarda alrededor de 135 días; mientras que en Finlandia y Corea sólo dura tres semanas.
De acuerdo con El Financiero, también retrocedió 0.2 puntos en el registro de propiedades y en el tema de la resolución de la insolvencia.
Doing Business analiza las regulaciones que afectan 12 áreas del ciclo de vida de una empresa como apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia.
También mide la regulación del mercado laboral y las contrataciones con el gobierno.
